El Congreso de México aceleró el debate sobre una nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en un esfuerzo por controlar el tráfico ilegal de armamento y contener al crimen organizado.
La nueva legislación mantendrá la supervisión de la secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el uso de armas y explosivos, pero otorgará por primera vez facultades a autoridades civiles y municipales para crear un Registro Nacional de Armas.
"Pretendemos ciudadanizar el registro de armas", comentó a Reuters el diputado Felipe Urbiola, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), impulsor del proyecto.
Destacó que el objetivo es regularizar más de dos millones de armas que, según se estima, están sin registro en manos de los ciudadanos y cerrarle el paso al mercado clandestino y el contrabando que, dijo, proviene principalmente de los Estados Unidos.
"Uno de los objetivos será "sellar" las fronteras", sostuvo.
El proyecto, que reúne propuestas formuladas por el presidente Ernesto Zedillo y de las tres principales bancadas, dos de ellas opositoras, derogaría a una ley sobre la materia, vigente desde 1972.
"Esa ley resulta obsoleta frente a los avances tecnológicos del armamento, pero también del crimen organizado", dijo a Reuters el presidente de la comisión de Defensa en la cámara baja, el diputado y general retirado del ejército, Ramón Mota.
Mota, quien es también diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobierna en México desde hace siete décadas, recordó que la ley de 1972 surgió en momentos en que la mayor preocupación del país, en materia de seguridad, era enfrentar a los grupos urbanos guerrilleros de inspiración marxista.
"El enemigo ha cambiado y ahora, en ocasiones, las bandas (delictivas) portan mejor armamento que nuestros policías", dijo.
Pero determinados sectores han criticado la iniciativa que, dicen, será insuficiente para combatir al hampa y, en cambio, alentará la compra masiva de armas.
"La reforma demuestra la incapacidad en la aplicación de la justicia y pretende que el ciudadano la asuma por su propia mano", dijo Jorge Islas, un veterano reportero de la fuente policiaca, en una carta dirigida a los diputados.
Mota dijo que la iniciativa facilitará plazos y requisitos para registrar una arma, siempre y cuando no sea de uso exclusivo de las fuerzas militares, y elevará las penas a quien las posea o porte sin el permiso correspondiente.
El proyecto propone endurecer estas sanciones cuando se trate de miembros de organizaciones criminales.
CONTROVERTIDO DESARME
Sin embargo, el tema más candente del proyecto es el relativo al plazo previsto de 180 días hábiles, a partir de la publicación de la nueva ley, para registrar las armas que carezcan de autorización y entregarlas, cuando se trate de armamento de uso exclusivo del ejército, a las autoridades.
Un artículo transitorio de la propuesta de ley establece que para quienes posean este tipo de armamento y lo entreguen a la Sedena en el plazo señalado "no se aplicarán sanciones administrativas, ni se configurará delito alguno".
Varios legisladores dijeron, sin embargo, que esta disposición buscaría desarmar a los grupos guerrilleros que existen en el país.
Agregaron que en este caso no aplicaría para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una organización guerrillera que desde 1994 encabeza un levantamiento indígena en el estado de Chiapas.
"La propuesta de ley no tiene dedicatoria para algún grupo específico", aclaró el diputado Isael Cantú, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que la situación del EZLN con respecto a esta propuesta es excepcional, pues los zapatistas mantienen desde 1995 un proceso pacificador amparado en una ley para el diálogo y la paz promulgada por el Congreso de México.
