La IX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) se inició ayer en la capital paraguaya con un debate sobre la lucha contra la corrupción, en un país catalogado por Transparencia Internacional como el segundo más corrupto del mundo.
El temario general de la asamblea de Olacefs, que reúne a altos funcionarios de contralorías y auditorías públicas de Latinoamérica, refiere a la experiencia de lucha contra la corrupción en el continente, y debatirá específicamente sobre la "Etica de lo público y control sobre el Gobierno como fundamento del sistema democrático".
La reunión de los contralores se celebra por segunda vez en Paraguay (la primera vez fue en 1997), y cuenta nuevamente con la presencia del controvertido magistrado español Baltasar Garzón.
En repudio a la presencia de Garzón, los contralores generales de Chile y Argentina decidieron este lunes no asistir a la Asamblea.
Garzón logró en octubre de 1998 la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen (1973-1990), y actualmente tramita su extradición. Los representantes de los Gobiernos de Chile y Argentina, y también Brasil y Perú, rechazan el proceso contra Pinochet por un país extraño a su origen y consideran que la iniciativa de Garzón es una nueva forma de colonización judicial de los países latinoamericanos.
El contralor paraguayo Daniel Fretes resolvió dar una salida salomónica al malestar generado por la presencia del juez español en el encuentro y decidió elaborar un programa especial paralelo para Garzón, para no invitarlo al estrado de la asamblea y evitar que no sea bienvenido. El presidente para Latinoamérica de la organización Transparencia Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, hizo hincapié en la jornada inaugural de la asamblea sobre la necesidad de estrechar la cooperación internacional para luchar contra la corrupción.
Esta organización fue la que ubicó a Paraguay en 1998 como segundo país más corrupto del mundo, detrás de Camerún.
El ránking de Transparencia Internacional se basó en datos aportados por la Contraloría local, fundándose específicamente en el costo de los desvíos y malversaciones de fondos públicos registrados durante el mandato del presidente Juan Carlos Wasmosy (1993/98).
Las irregularidades fueron estimadas en 6.000 millones de dólares, según la cuantificación anual de la dependencia estatal dirigida por el paraguayo Daniel Fretes.
Los fundamentos de las malversaciones fueron presentadas ante la justicia, que hasta la fecha no ha logrado llevar a los tribunales a Wasmosy, quien mediante artilugios jurídicos no ha prestado declaración indagatoria a pesar de haber sido llamado en tres oportunidades.
Con lo malversado se pudo haber pagado toda la deuda externa del país (1.800 millones de dólares) y con el resto, aumentar a 5.000 millones de dólares las reservas (actualmente de 1.000 millones de dólares).
