Deficiencia en recoger inteligencia sobre narcotráfico

Autoridades latinoamericanas, con asistencia de los Estados Unidos, han confiscado cantidades récord de propiedades y dinero de narcotraficantes este año. En enero, la policía colombiana en un mismo operativo incautó dinero y oro por un valor de $80 millones de dólares, la incautación más grande en la historia del país. En marzo, la policía mexicana descubrió más de $207 millones de dólares ocultos en paredes, maletas y armarios de una casa de Ciudad de México, en lo que se cree fue la mayor incautación de dinero de la droga en la historia.
Estos operativos fueron el resultado de años de cooperación internacional policial y judicial dentro del marco desarrollado por el Grupo de Siete naciones industrializadas para combatir el lavado de activos. En 1989, el G-7 creó el Grupo de Acción Financiera para promover reformas legislativas y reguladoras que permitieran a las autoridades la identificación y confiscación de bienes del narcotráfico y, en particular, la lucha contra el uso de sistemas financieros legales por parte de la mafia de la droga.
Gracias a ese esfuerzo, existe hoy una impresión generalizada de que las autoridades a nivel mundial han mejorado su capacidad de "seguirle el rastro al dinero". Pero son los pasos subsiguientes de quitarle las propiedades a los narcotraficantes - o extinción de dominio - y de hacer el seguimiento de pistas para poner a los narcotraficantes en la cárcel, los que ofrecen las mejores posibilidades de desmantelar estas empresas criminales.
Las autoridades no le han dado a esas gestiones la prioridad que requieren. Colombia, por ejemplo, ha tenido una de las legislaciones más duras contra el lavado de activos por más de una década, pero sigue teniendo grandes dificultades en administrar y disponer satisfactoriamente de los bienes confiscados al narcotráfico. Según un informe del 2002 de la Contraloría nacional, cada uno de los 14 trabajadores en la agencia encargada de manejar la extinción de dominio tenía que administrar en promedio más de 2500 propiedades confiscadas. Los casos que logran llegar a la corte se estancan en interminables procesos legales.
Los esfuerzos de Colombia en extinción de dominio han sido "extremadamente deficientes", aseguró Francisco Thoumi, quien se desempeñó como coordinador de investigación sobre lavado de activos en Naciones Unidas y es ahora director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario en Bogotá. La carencia de recursos necesarios dedicados a dicho esfuerzo es otro indicativo, agregó Thoumi, de que en la lucha contra las drogas todavía solo "se ataca el eslabón más débil", es decir, se fumigan los cultivos de coca de los campesinos.
Las capacidades investigativas también se están quedando cortas. En su último informe anual antidrogas emitido en marzo, el Departamento de Estado asegura que la comunidad internacional está "fallando" en la tarea de recoger inteligencia disponible durante los decomisos para que pueda ser utilizada en la captura y enjuiciamiento de los cabecillas y subalternos del narcotráfico.
A pesar de los decomisos históricos la guerra contra las drogas continúa plagada de batallas perdidas. Recientes estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos muestran un aumento en los cultivos de coca en los Andes, la principal región productora de cocaína del mundo. Perú y Bolivia vieron aumentos el año pasado del 7 y 8 por ciento respectivamente y Colombia, al menos según estadísticas estadounidenses, aumentó en un 9 por ciento. (Las Naciones Unidas contradicen ese resultado).
Los cultivos de coca parecen estar en su nivel más alto y la cocaína en las calles estadounidenses es hoy más barata y pura que en 2000 cuando Washington comenzó un programa multimillonario de apoyo al esfuerzo antidrogas en los países andinos, y de Colombia en particular.
Los Demócratas en el Congreso están aprovechando la sensación de que las políticas han fracasado para intentar cambiar el énfasis de esa ayuda apartándose del apoyo militar y policial y favoreciendo la asistencia humanitaria y económica. Están proponiendo legislación para proveer más recursos y personal especialmente para que el sistema judicial en Colombia pueda enfrentar a algunos de los peces más gordos del tráfico ilícito de drogas. Pero el proyecto continúa ignorando los temas del lavado de dinero y la extinción de dominio, perdiendo así la oportunidad de darle un impulso al actual ímpetu en ese campo.
Eso es particularmente desafortunado teniendo en cuenta que recursos que se dedicaban anteriormente al lavado de dinero de las drogas han sido redirigidos al terrorismo, un cambio que parece innecesario. De acuerdo con Peter Reuter, un experto en política antidrogas de la Universidad de Maryland, los controles contra el lavado de dinero se desarrollaron para alertar a autoridades sobre el potencial de narcotráfico que, por naturaleza, maneja grandes cantidades de dinero. Teniendo en cuenta que los ataques del 11 de septiembre le costaron a los conspiradores entre $400, 000 y $500, 000 dólares, "la noción de que uno puede usar controles contra el lavado de activos para identificar cantidades tan pequeñas parece poco plausible", dijo Reuter.
Las herramientas contra el lavado debieran usarse - y fortalecerse - para lo que fueron diseñadas: combatir el negocio en que las ganancias lo son todo, el negocio del narcotráfico. Ya que otros enfoques han fallado en producir resultados satisfactorios, este parece ser el momento propicio para darle a este frente en la lucha contra las drogas una verdadera oportunidad.
"Las investigaciones realizadas hasta ahora muestran que el principal efecto del etanol es la mayor formación de ozono y eso tiene un impacto negativo muy claro en salud", dice el doctor Cifuentes.
"Es por eso que este nuevo biocombustible podría tener un efecto menos dañino en la salud", agrega.