La Panamá paradisíaca de los brochures y deslumbrantes sitios de Internet, el país con las mejores perspectivas económicas en Latinoamérica, tiene un lado oscuro. Panamá está amenazada, no por un ejército extranjero sino por enemigos mucho más poderosos, que nos atacan sistemáticamente desde adentro y se están apoderando de nuestra juventud.
La pobreza, desigualdad social, desintegración familiar y pérdida de valores son algunos de los factores que comienzan a manifestarse de manera inequívoca a través del peor de sus síntomas, el aumento de la delincuencia juvenil, y amenazan con dar al traste con nuestro futuro. A menos que comencemos a hacer algo para prevenirla, la situación proyecta un panorama “apocalíptico”.
Una inyección multimillonaria de capital extranjero, un crecimiento económico del 9% anual, un boom inmobiliario y la expansión del Canal, contrastan paradójicamente con el 57% de panameños pobres con edades menores a los 20 años, es decir, 732,339 jóvenes, según estadísticas de la ONU.
¿Cuántos de estos jóvenes podrán contribuir y beneficiarse del progreso económico actual? ¿Cuántos de ellos mirarán esta bonanza como meros espectadores, aspirando tan sólo poder beneficiarse de algún programa social? ¿Y cuántos de ellos, ante la ausencia de alternativas que les brinden una opción de vida y el encarecimiento del costo de la vida, recurrirán a la delincuencia?
Muchos de estos panameños pobres están inmersos en un ciclo de abandono, abuso, maltrato, desintegración familiar, violencia, ignorancia, alcoholismo, drogadicción y pobreza, por lo que difícilmente tendrán oportunidad alguna de beneficiarse del boom.
Algo está pasando. El alarmante aumento en los índices de delincuencia juvenil son consecuencia de un proceso y no resultado de una coyuntura, que han venido precedidos por un inusitado incremento en los niveles de violencia en la sociedad. De hecho, al 30 de junio del 2007, las Fiscalías de Familia, la PTJ y las Corregidurías de Panamá recibieron en conjunto 14,871 casos de violencia doméstica, cifra que representa más del 100% de los casos presentados durante todo el 2006, mientras que las denuncias presentadas en el MIDES pasaron de 923 (2006) a 1,438 en 2007, es decir, un 56% de aumento.
Estas cifras de violencia, el 53% de aumento en los delitos graves cometidos por adolescentes el último año y el 58% de incremento en las detenciones provisionales en contra de menores son piezas del mismo rompecabezas, que no se resolverá sólo con más castigos y más presos. No cabe duda de que se debe castigar a los delincuentes en función del delito cometido independientemente de su edad, sin vulnerar sus derechos humanos, pero sin caer en el proteccionismo del victimario a expensas de los derechos de sus víctimas.
Sin embargo, ¿qué tipo de sociedad queremos que nuestros hijos hereden? Tenemos la responsabilidad ante ellos de resolver el problema de la delincuencia juvenil de manera sostenible, trabajando en sus causas y no exclusivamente en sus síntomas.
El progreso económico aún no se ha traducido en desarrollo social, por lo que debemos hacer algo al respecto como sociedad y no pretender que sea el Gobierno quien resuelva. El problema es de todos.
