El sorprendente apoyo a la investigación del robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura (1976/1983), formulado el martes por escrito por el último jefe del Ejército argentino, colocó en una situación judicial difícil a siete ex responsables de la dictadura militar, detenidos por su presunta vinculación con esos delitos.
El teniente general retirado Cristino Nicolaides (73 años), ex jefe del Ejército de la dictadura (1976/1983), afirmó ante la justicia en forma espontánea que "es saludable que se investigue el tráfico de niños", pero se declaró "inocente" de la apropiación sistemática de hijos de desaparecidos.
Expresó igualmente que los delitos cometidos contra más de 300 niños robados a prisioneras "lesionan el orden jurídico internacional, como lo hacen el narcotráfico y el terrorismo", y reconoció incluso que la justicia civil es competente para someter a proceso a los responsables de los crímenes de lesa humanidad contra menores.
Nicolaides ya postergó por dos veces su declaración ante la justicia federal civil alegando razones de salud, pero una vez cumplido ese trámite también podría quedar encarcelado.
Los detenidos hasta el momento por esos delitos contra niños son el ex teniente general Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Eduardo Massera, el ex almirante retirado Rubén Franco, el vicealmirante retirado Antonio Vañek (todos con reclusión domiciliaria por ser mayores de 70 años). También, pero sin ese beneficio, el contralmirante retirado José Suppicich, el ex capitán de fragata Jorge Acosta y el prefecto retirado Héctor Febres.
Nicolaides rechazó además implícitamente en su presentación ante la justicia los argumentos de defensa de Videla, quien planteó que existe cosa juzgada en las acusaciones. Videla también reclamó ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque no reconoce la competencia de los jueces civiles para someterlo a proceso.
En efecto, Nicolaides sostuvo claramente en su escrito que los delitos perpetrados contra menores "nunca fueron investigados", con lo cual descartó la existencia de cosa juzgada, y, además, admitió la competencia de los tribunales federales civiles, no militares.
Massera, por su parte, no sólo planteó estar sometido a un doble juzgamiento sino que recusó al juez federal Adolfo Bagnasco.
A su vez, el ex dictador Reynaldo Bignone, también imputado en el caso, no sólo reclamó el apartamiento de Bagnasco sino que pidió que se declare nulo el llamado a indagatoria que formuló el magistrado.
Bagnasco fijó para el 11 de enero la declaración indagatoria de Bignone, a quien había citado para el 23 de diciembre pasado en una audiencia que quedó suspendida por los planteos presentados por el ex el presidente de facto, en cuya gestión asumió Nicolaides como jefe del Ejército.
Bignone deberá responder sobre las leyes de "autoamnistía" promovidas durante la última dictadura militar.
El ex militar será indagado por la responsabilidad política que le cupo en la elaboración del "Documento final sobre Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", firmado en abril de 1983, en el cual se declaraba muertos a todos los desaparecidos durante la dictadura, incluyendo a niños nacidos en cautiverio o secuestrados.
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