El gobierno de República Dominicana ordenó la repatriación de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Haití y el inicio de un operativo de vigilancia militar en la frontera que divide ambas naciones, confirmó el ministro de las Fuerzas Armadas, general Manuel Florentino, en declaraciones a la prensa divulgadas ayer.
La detención de haitianos con el fin de repatriarlos a su país se realizará en todo el territorio dominicano, y ya se informó del envío de unos 300 trabajadores haitianos detenidos en la provincia de Santiago, 120 kilómetros al norte de Santo Domingo.
El general Florentino explicó que para evitar el ingreso de más inmigrantes ilegales, se está reforzando la vigilancia militar en toda la frontera entre República Dominicana y Haití, ambos países que comparten la isla caribeña La Hispaniola.
La repatriación masiva de haitianos se produce luego de un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que critica duramente la situación de los ilegales en República Dominicana e insta a este país a facilitar el acceso a servicios como educación o salud y a solucionar esa situación.
El gobierno dominicano consideró a ese informe como una injerencia en su política interna, y acusó a la OEA, ante la que esta semana elevó una protesta, de haber cometido un "exceso" en sus atribuciones.
Este viernes grupos comunitarios de dominicanos y de haitianos residentes en territorio dominicano coincidieron en atribuirle veracidad a las denuncias que aparecen en el informe de la OEA acerca de las condiciones de vida que caracterizan la situación de los inmigrantes procedentes de Haití y de sus desdendientes.
Más de diez organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos, y en particular, de los dominicanos de padres haitianos, anunciaron que resistirán "la peligrosa situación" que se ha creado con las repatriaciones.
El informe de la Comisión de la OEA "observa que en República Dominicana residen alrededor de 500.000 trabajadores haitianos indocumentados. En numerosos casos se trata de personas que han residido por 20 ó 40 años y muchas de ellas han nacido en territorio dominicano".
"La mayoría (de los haitianos) enfrenta una situación de ilegalidad permanente que transmiten a sus hijos, quienes no pueden obtener la nacionalidad dominicana, porque de acuerdo a la interpretación restrictiva que hacen las autoridades dominicanas del artículo 11 de la Constitución, son hijos de extranjeros en tránsito", continúa el informe.
"No es posible considerar en tránsito a personas que han residido por numerosos años en un país (...) En consecuencia, numerosos niños de origen haitiano ven negados derechos fundamentales, como la nacionalidad del país donde han nacido, acceso a la salud y a la educación", sostiene. También "reitera su preocupación por las precarias e insalubres condiciones en que viven los trabajadores haitianos y sus familias" y "por las expulsiones masivas de trabajadores haitianos".
