A un año del incendio del bus 8B-06, en donde fallecieron 18 personas, la defensa de Próspero y Ariel Ortega, conductor y propietario del vehículo, respectivamente, solicitaron la aplicación de una medida cautelar de arresto domiciliario.
La defensa aseguró que sus clientes no tienen intenciones de abandonar el país y han mostrado disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones adelantadas tras el siniestro.
Sin embargo, el abogado Benito Mojica, representante legal de algunas de las víctimas de esta tragedia, dijo que se opondrá a la petición elevada por la defensa de los hermanos Ortega.
Según Mojica, es más prudente esperar un pronunciamiento del juez primero penal, Rolando Quezada Vallespi, durante la celebración de la audiencia preliminar el próximo 13 de diciembre .
Afirmó que durante la audiencia, el juez decidirá sobre la detención preventiva que mantienen los hermanos Ortega.
También el juez evaluará la petición hecha por la fiscalía para que se investigue al ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Bolívar Pariente y a los ex directores de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Angelino Harris y Pablo Quintero Luna.
