Las actividades públicas y privadas de Ecuador fueron afectadas por segundo día consecutivo por una huelga de todos los gremios del transporte en rechazo a un alza de los combustibles.
Mientras la industria, el comercio y la banca trabajaba parcialmente, obreros y empleados volvieron a caminar y montar en bicicletas o motocicletas para llegar a sus centros de trabajo, según mostraron imágenes de la televisión.
Escudado en un estado de emergencia que decretó el lunes, el gobierno apostó a grupos de policías y soldados en puntos neurálgicos de las principales ciudades del país a fin de prevenir demostraciones violentas. Pero esporádicas manifestaciones y el bloqueo de algunas calles o carreteras marcaron el segundo día de huelga, que encabezan unos 50.000 taxistas contra el aumento de más de 13 por ciento en el precio de los combustibles, decidido la semana pasada.
El gobierno amenazó con reprimir toda manifestación que altere el orden público o impida el libre tránsito de las personas, luego que maestros, estudiantes, indígenas, campesinos y trabajadores anunciaron que el martes se unirían a la huelga con protestas callejeras.
"Estoy convencido de que el diálogo es el mejor instrumento de entendimiento que existe", declaró sin embargo a la prensa el ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez.
"Las medidas de hecho no conducen a nada y más bien perturban la posibilidad de mejoramiento de condiciones de los ecuatorianos", agregó.
El estado de emergencia, decretado el lunes por segunda vez en el año, faculta al gobierno a sacar a los militares y la policía a las calles para que restauren la actividad del transporte, detener a manifestantes y requisar las unidades de los huelguistas que obstruyan las calles.
Informes policiales dijeron que al menos 48 personas, en su mayoría choferes de taxis, fueron detenidos el lunes durante la dispersión de manifestaciones en todo el país, mientras la Cruz Roja informó de cinco heridos leves.
La huelga se registra en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país y con la popularidad del presidente Jamil Mahuad en apenas 16 por ciento, según encuestas privadas.
Por su lado, los choferes del transporte público y de carga y los taxistas mantuvieron ayer s sus exigencias de que el gobierno derogue el alza de combustibles y suspenda el mecanismo por el cual eleva mensualmente el precio de la gasolina.
"En esta oportunidad vamos a ir hasta las últimas consecuencias", dijo el presidente del Consorcio de Taxistas de Pichincha, Jorge Lara. Tal sentimiento fue compartido por las principales centrales obreras ecuatorianas.
"El país no puede seguir paralizado y sometido a políticas de hambre y empobrecimiento del régimen de Mahuad", subrayó el portavoz de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Iván Narváez.
Ecuador, con 62,5 por ciento de su población en la pobreza, sufre una crisis económica caracterizada por un desempleo de 18,1 puntos porcentuales y una abultada deuda externa.
