El Ejército chileno reafirmó ayer su compromiso con el Estado de derecho, tras una prolongada reunión del Cuerpo de Generales encabezado por su comandante en jefe, general Ricardo Izurieta.
Uno de los temas de la reunión fue el juicio de desafuero que enfrenta el ex dictador Augusto Pinochet, que hasta hace dos años fue jefe del Ejército, así como los procesos que afectan a otros jefes militares, en retiro y en servicio activo, acusados de crímenes y violaciones de los derechos humanos, informó un comunicado oficial.
"Toda su voluntad, trabajo y accionar se encuentran orientados a tal propósito. Para ello, el Ejército reafirma su compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho, a los que ha contribuido y está llamado a garantizar", agregó el comunicado.
La reunión, que se prolongó por más de tres horas, se produjo cinco días después de la tensión que provocó entre los militares y el Gobierno del presidente Ricardo Lagos una imprevista reunión de los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del director de la policía militarizada de Carabineros, para señalar su "unidad" en torno a la suerte del general Pinochet.
El presidente Lagos manifestó el martes su "molestia" por la publicidad que tuvo esa cita de la cúpula militar y horas después recibió una explicación, a través del director de los Carabineros, general Manuel Ugarte.
Sin embargo, en una indirecta alusión al Gobierno y al Poder Judicial, el comunicado también indicó que el Ejército "necesita de la sociedad de cual forma parte y de los poderes del Estado, prudencia, equidad y colaboración en el tratamiento de los temas que afectan su quehacer".
El juicio a Pinochet, que se reanudará el próximo miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago, es uno de los temas que preocupa a los generales, según adelantó Izurieta el pasado 4 de mayo, cuando advirtió que no quedará satisfecho si el ex dictador es privado de su inmunidad como senador vitalicio, para ser sometido a más de 100 querellas criminales.
Pinochet, de 84 años, viajó el jueves a su hacienda costera de Bucalemu, 130 km al oeste de Santiago, autorizado por los médicos que lo atienden desde que regresó a Chile el pasado 3 de marzo, cuando el Gobierno británico lo liberó y evitó su extradición a España, al cabo de 503 días de arresto en Londres.
El alto mando del Ejército, según confirmó el comunicado, también tiene entre sus preocupaciones los juicios abiertos contra otros siete generales en retiro arrestados en los últimos 11 meses, que afectan al ex vicecomandante en jefe de la institución, Carlos Forestier, junto a Sergio Arellano, Humberto Gordon, Arturo Alvarez, Hernán Ramírez, Hugo Salas y Humberto Leiva, acusados de intervenir en fusilamientos, asesinatos y desapariciones.
A esos procesos se sumó el miércoles el arresto del mayor en servicio activo Juan Silva Magnere, a quien el juez Sergio Muñoz acusó de obstruir las investigaciones por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, ejecutado por un comando militar el 25 de febrero de 1982.
