Una docenas de soldados armados de fusiles automáticos irrumpieron al alba en este caserío de los indios tzeltales e inspeccionaron casa por casa, según dijeron en busca de armas.
Unos 150 aldeanos aterrorizados huyeron y a unos cuatro kilómetros bloquearon un acceso a la carretera. Cincuenta soldados los flanquearon.
Los aldeanos gritaron a los soldados en el idioma tzeltal y les hicieron gestos de que se fueran. Una mujer se aferró al caño de un fusil y le dijo algo a gritos al soldado que lo sostenía, en una lengua que éste no comprendió.
La operación del ejército en este caserío a 70 kilómetros al este de San Cristóbal de las Casas es una de varias en el estado sureño de Chiapas desde la matanza de 45 campesinos el 22 de diciembre en el caserío de Acteal.
El ejército despachó por lo menos 5000 soldados a Chiapas para sumarlos a los 35.000 destacados allí. Los soldados han detenido automóviles e inspeccionado casa por casa en busca de armas.
Además han rodeado aldeas cuyos moradores simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como Rancho San José El Contento. Los aldeanos están asustados e indignados.
"Dicen que el presidente quiere el diálogo", dijo una mujer en el vallado en la carretera que sólo se identificó como María.
"Sólo quiere la guerra y matar indígenas".
Los soldados en Chiapas dicen que tienen órdenes de no hablar con los periodistas, y el ministerio de defensa no respondió a pedidos de comentarios que le enviaron por teléfono y por fax.
Las autoridades dicen que los soldados se limitan a hacer cumplir las leyes federales sobre las armas de fuego. Pero un soldado admitió que la lista de números de placas que estaba anotando no tenía nada que ver con esas leyes. No quiso dar su nombre.
Algunos soldados realizan lo que califican como "obra social", proveyendo alimentos, atención médica y cortes de cabello a refugiados.
Pero después de la matanza, los soldados también han entrado en territorios donde la gente simpatiza con los rebeldes, y los aldeanos los acusan de tratar de reprimir a los rebeldes en violación de los acuerdos de paz.
En tanto, el presidente Zedillo ordenó ayer al ministro de Salud, Juan Ramón de la Fuente, que envíe ayuda material y el personal necesario para auxiliar a los indígenas desplazados por la violencia en el estado de Chiapas.
El Gobierno de la República "utilizará todos los instrumentos de política social con que cuenta para acudir de inmediato en auxilio de la población desplazada", dijo Zedillo.
La Secretaría de Salud y el Gobierno del estado de Chiapas trabajarán junto con otras dependencias para hacer llegar a los indígenas alimentos, ropa, medicamentos y servicios sanitarios, y prestarles apoyo necesario para que regresen a sus comunidades.
El presidente mexicano expresó que el nuevo gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, quien ayer sustituyó en el cargo a Julio César Ruiz Ferro, solicitó el auxilio del Gobierno federal para atender el problema de los desplazados, que soportan condiciones infrahumanas.
"Estoy seguro de que el auxilio a nuestros hermanos chiapanecos desplazados estará por encima de cualquier otra consideración", afirmó Zedillo.
El aumento de los desplazados es consecuencia de los conflictos que vive el estado de Chiapas, y que se ha agudizado en los últimos dos años debido al clima de violencia que se vive en las comunidades a raíz del surgimiento de grupos paramilitares ligados a los caciques y vinculados a autoridades locales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 16.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus comunidades por temor a la violencia que han desatado los grupos paramilitares en Chiapas, cuya expresión más reciente fue la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.
Hace algunos días, la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para el Apoyo a Refugiados indicó que esta institución no puede participar en la atención a estos refugiados, debido a que se trata de "desplazados internos" y existen impedimientos jurídicos.
Aclararon que sólo pueden intervenir por una solicitud del Gobierno mexicano, o por una decisión de las Naciones Unidas.
La organización Médicos del Mundo ya había pedido hace unos días brindar atención urgente a la población desplazada que huye de las violencia en las comunidades en el estado de Chiapas.
