Cuando se presenta el balance financiero de ingresos de la ACP generados por su actividad productiva, se observa siempre que al final existe un excedente. Por lo descrito debe quedar claro entonces que este excedente no es exacto, toda vez que el ingreso bruto no está cubriendo el costo integral del recurso hídrico usado.
Vale analizar por otro lado, la relación de los ingresos con respecto al agua consumida. Tomando por ejemplo el año 2003, el ingreso en peajes presentado por la ACP es de B/.665.967.000,00, con un consumo de agua de 2 801.732.700 m3/año en materia de operación. O sea que puede decirse que el servicio de traslado de los barcos por el Canal pagó a B/0,237 el m3 de agua. A su vez, el consumo por generación hidroeléctrica fue de 1 739.748.214 m3/año, generando un ingreso de B/.26.541.000, 00, lo que significa un pago de B/0, 015 por m3 del líquido; y la venta de agua urbana consumió 386.610.714 m3/año, para un ingreso de B/.17.624.000, 00, resultando el pago a B/0, 045 el m3.
Integrando los tres ítems más otros servicios colaterales relacionados con el tránsito acuático, el agua administrada por la ACP pagó a la empresa por su uso un aproximado de B/0, 165 el m3, sin cubrir el costo de la materia prima como patrimonio natural de la nación. Sin embargo hoy día los consumidores urbanos panameños pagan el agua de consumo a B/0, 20 el m3 (incluyendo el pago del precio por la materia prima hídrica); en países como Brasil se paga a B/0, 40 el m3 y en general, el promedio mundial fluctúa entre US $0, 20 y US $0, 54 el m3. Así llegamos a la segunda incongruencia: aún sin retribuir el agua natural primaria perteneciente a la nación panameña, los servicios por agua que brinda la ACP, con todo el valor que agregan a la mercancía de los barcos al pasar por el Canal, pagan menos por el uso del agua que lo que paga un consumidor humano residente en cualquier parte del mundo (si bien reconocemos que el valor de referencia considerado es el de agua tratada residencial). Estos son algunos elementos de juicio que nos llevan a concluir, que hasta que no se haga un estudio adecuado del valor del agua de la Cuenca del Canal de Panamá y con ello del costo real del metro cúbico vertido al mar, sobre la base de parámetros técnicos actualizados y científicos trazados por una política renovada del recurso hídrico nacional, no podemos hablar a ciencia cierta de la competitividad efectiva o no de nuestro Canal y menos aún, de su ampliación; pues la ampliación no hará más que multiplicar cualquiera incompetencia existente sobre el tema.
El agua natural del río Chagres es el nexo fundamental que vincula el complejo productivo interoceánico a la nación panameña; pues sin este recurso no habría canal. En términos del intercambio de materia y energía entre sistemas abiertos, se diría que el canal almacena en sus lagos materia prima hídrica, de la cual extrae energía para la travesía de los barcos y la generación eléctrica, y masa para el consumo humano. La acumulación en los lagos de la energía potencial, propia de la cota de altura del cauce del recurso y de la masa líquida, es transformada en energía cinética por el trabajo, la cual se transfiere a los barcos y turbinas generadoras de electricidad; y es esta energía la que agrega valor a la mercancía internacional transportada, valor que para el caso del transporte marítimo se redime fuera de nuestro territorio. La extracción de la masa, para consumo humano (el menor consumo), redime su valor en Panamá.
No obstante, cuando se estudia la forma como se construye el "peaje" pagado por las navieras, por ningún lado se encuentra la variable "agua"; el concepto utilizado depende en estricto sentido de las variables volumétricas y peso de carga de los barcos, eliminando de su ecuación la materia que hace posible el traslado de mar a mar y ocultando con ésta valores, muy probablemente no pagados, que constituyen un patrimonio inalienable de la nación. En esencia el "peaje" es un "derecho de vía", no de "aguas"; algo muy bien utilizado en el Canal de Suez donde el agua que hace posible el traslado de los barcos es "agua azul", de origen internacional, y no "agua dulce", un recurso originado en el territorio continental y delimitado como hacienda nacional por las fronteras políticas de los Estados. EE.UU. también tuvo buena lógica al utilizar el concepto de peaje durante su gestión colonial, porque ellos cobraban por lo que invertían y les pertenecía: la vía, no el agua. El agua nunca les perteneció, pero siempre la obtuvieron y gratuitamente.
Entonces la función del agua, vínculo principal económico entre la nación y el complejo acuático interoceánico no ha jugado, ni juega aún en la actualidad su papel integral como factor estratégico del desarrollo istmeño: tercera incongruencia, heredada de la relación colonial. Y esto es así primeramente porque no se retribuye a la sociedad nacional la parte de su valor diferencial como recurso natural; pero además porque su valor agregado es transferido a la mercancía de paso por vía del barco y se realiza fuera de nuestras fronteras, llenando en especial las arcas de los países industrializados.
Una visión congruente con el concepto de "desarrollo del canal" -en lugar de la consideración reduccionista de "ampliación del canal"-, exige necesariamente cambios profundos en el carácter de los nexos entre la vía interoceánica y la nación panameña, por lo que el Estado Nacional debe girar en su organización y contenido con vías a armonizar la contradicción heredada entre el país sustentable y el país insustentable dejado por el dominio colonial canalero; y el agua debe asumir un nuevo rol en lo social y económico, transformándose en un factor dinámico del desarrollo. Esto nos pone frente a nuevos retos y tareas fundamentales de forzoso cumplimiento. A nuestro juicio hay cuatro puntos ineludibles para este propósito.
Debe ordenarse una nueva institucionalidad del Estado que garantice a lo largo y ancho del país la dirección y gestión democrática, participativa y pluralista del recurso hídrico nacional. La gestión del agua pasa por la gestión de sus conflictos, construyendo consensos. No habrá soluciones estables si éstas no responden a una gestión estatal de base, capaz de construir convergencias desde las posiciones divergentes sostenidas por los diversos intereses involucrados en tal conflicto; lo que significa poner también sobre el escenario político y social nuevos y legítimos liderazgos comprometidos con la transformación nacional.
El desarrollo del canal debe responder a un plan nacional de desarrollo (y no lo contrario), que al recoger auténticamente el interés nacional incorpore a las aguas de la nación, dulces y azules, como un recurso natural estratégico. En particular sus lineamientos deben considerar una legítima estrategia marítima nacional.
Debe elaborarse a la mayor prontitud una política nacional para la dirección y gestión del recurso hídrico, que contemple la sostenibilidad ambiental del desarrollo y el valor del agua en su integralidad. Actualmente el usuario del agua paga un canon establecido en B/0,00001 por m3 de líquido bruto, indistintamente del tipo de uso (energético, riego, consumo humano, acuicultura, etc.); es decir que paga por el uso una "prestación pecuniaria" al Estado, para gravar de alguna manera su concesión, y no el valor -para este caso diferencial- del recurso. No obstante, así de pequeña sea la cantidad, un industrial nacional paga por el agua; la ACP no paga.
Se debe revisar el Artículo 316 de la Constitución Nacional, que otorga a la ACP la total responsabilidad sobre el uso de los recursos hídricos de la cuenca, constituidos por "el agua de los lagos y sus corrientes tributarias", responsabilidad extendida a los ríos Coclé del Norte, Indio y Caño Sucio por la ampliación de la cuenca hidrográfica. Al respecto debe tenerse sumo cuidado de garantizar plenamente la soberanía nacional y popular sobre las aguas dulces del país y en particular sobre los drenajes naturales tributarios de la cuenca hidrográfica canalera. Advertimos que la composición y estructura que conforman la Junta Directiva de la ACP por mandato constitucional, presentan el riesgo de que once personas, enmarcadas en un Estado Nacional como el que persiste, claramente de corte oligárquico, decidan sobre las aguas que son patrimonio de la nación y regresemos a los patrones coloniales de despojo del recurso.
La fórmula del sistema universal de arqueo no permite desentrañar con exactitud la relación real entre las aguas dulces usadas y vertidas al mar y el agua desplazada por las variables de volumen (tipo de buque) y peso de carga del barco. Hay que considerar que el volumen de agua utilizado por una esclusa es constante, cualquiera que sea el volumen o peso del barco en tránsito; o sea que el desplazamiento de agua por el barco no es igual al volumen utilizado en la operación de tránsito, lo que implicaría la necesidad de algunos factores de ajuste en esta relación.
De las 12 rutas marítimas internacionales que pasan por el Canal, 5 son de intercambio principalmente entre países desarrollados y engloban el 54, 1% de la carga movilizada por la vía, y cuatro sirven para el acopio, por parte de los países desarrollados, de materias primas y alimentos provenientes de países en vías de desarrollo, concentrando un 15, 4% de la carga transportada.
Un concepto abarcador brinda Fernando Soria, juez de la Suprema Corte de Buenos Aires al referirse a las implicaciones "la problemática ambiental es presupuesto de condición de la especie humana y predetermina las normas, muchas veces es el propio recurso el que está condicionando la diagramación normativa y se empieza a tener más sensibilidad en el campo del derecho sobre el alcance de estos problemas"
Lo importante, según este analista es que "los gobiernos y los pueblos del mundo han ido tomando conciencia, en lapsos relativamente breves, de la gravedad de los problemas ambientales y de la necesidad de reaccionar de manera colectiva frente a ellos". Este es uno de los aspectos de la administración de justicia ambiental que más pesimismo ocasiona a las comunidades, responder de esta manera hace al derecho lento por el número de intereses.
Este encuentro internacional permitió analizar y poner en el tapete las estrategias más adecuadas para darle un mayor impacto a la gestión ambiental, administrar justicia, conciliar a los múltiples actores de la realidad ambiental y alcanzar un desarrollo sostenible en la medida en que como lo menciona Brañes Ballesteros, se convierta en un modelo de crecimiento que asegure de manera simultánea "la satisfacción de las necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras".
