Una batalla de baja intensidad se está dando entre el Gobierno y el Comité Olímpico de Panamá (COP). Esta lucha se inició con un fuego cruzado de parte del COP, con el consentimiento de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), cuando le enviaron dos notas al Gobierno nacional exigiendo el reconocimiento de los miembros del COP, liderados por Miguel Sanchiz y Fernando Samaniego.
La respuesta era esperada y llegó. Pues el martes 12 comenzó el contraataque. El presidente de la República dejaba en claro que en Panamá hay una independencia de poderes y que esto puede representar una intromisión de un órgano del Estado en otro.
Ahora surge otra carta respondiendo a unas publicaciones hechas por el Dr. Rolando Villalaz, abogado del COP.
El director de Asesoría Legal del Registro Público de Panamá, Lic. Víctor Luis Castillo Ortega, envió una nota aclarando que el Registro Público, para comenzar, no es una entidad política ni se inmiscuye en la misma.
Castillo Ortega va más allá, al citar parte de la columna de Villalaz. “Estando el Amparo admitido le corresponde al Registro Público cumplir con la orden dada por la Corte Suprema de Justicia y no puede mantener inscrita, violando la Ley 50 de diciembre de 2007”.
A lo que responde el funcionario: “La aseveración externada por el Dr. Villalaz, a todas luces un error garrafal de su parte el informar al público tamaña afirmación, que demuestra o una mala fe, o una ignorancia supina del derecho”.
Por último, Ortega aclara a Villalaz y otros miembros del COP que si la Corte Suprema falla en el fondo favoreciendo la petición del recurso, y le ordena al Registro Público que altere algún o algunos de los asientos registrales inscritos atinentes al caso, así lo hará el Registro Público, en acatamiento a la orden dada por autoridad competente, de acuerdo con la ley.
