Entre los planteamientos hechos durante las negociaciones para el acuerdo de paz alcanzado en marzo de 1925, después de la rebelión de los kunas de San Blas, hoy Kuna Yala, estuvo el tema de la territorialidad. No obstante, este tema no aparece de manera directa establecido en el acuerdo final, pero sí en la agenda a futuro de los kunas, si es que no del gobierno de turno, bajo el supuesto olvido de los políticos a lo largo del tiempo. Ni los kunas lo olvidaron ni dejaron que los norteamericanos, convertidos en su garantía, lo olvidaran; los primeros, porque era un tema central en su lucha, los segundos porque fue una de las estrategias geopolíticas de los Estados Unidos de apoyar grupos que eventualmente podrían actuar como espinas en la cintura de los países de América Latina (ejemplo, los miskitos de Nicaragua), y porque los agentes del gobierno americano actuaron ex oficio aunque algo más que observadores, como el Ministro Glover South, de la legación de ese país en Panamá. La larga historia de resistencia al gobierno español de los kunas, se transfiere al nuevo gobierno de Panamá, al mismo tiempo que se refuerza una tendencia histórica de empatía hacia la cultura anglosajona.
En 1930, por fin, el gobierno de Florencio Arosemena, proclama la reserva indígena de San Blas, mediante ley que fue modificada posteriormente en 1938 durante el gobierno de Demóstenes Arosemena, para incluir áreas dejadas por fuera y reclamadas por los dirigentes kunas de manera sistemática. El ejemplo de 1930 condujo a ley de 1934 para las reservas de Cusapin, Tebobe, en Bocas del Toro (para los ngöbes y buglé) y la de Bayano, en el río Bayano, provincia de Panamá. Las primeras fueron zonas propuestas probablemente por una coalición de intereses, religiosos y económicos; la reserva del Bayano, por trabajos de incidencia de dirigentes kunas, como Estanislao López, Nele kantule, en una fase de transacciones políticas de partidos en busca de clientela. Todo esto se refuerza con la Constitución de 1946, que en cierto modo refrenda los acuerdos del Primer Congreso Indígenista de Paztcuaro, México, y los propósitos de la reciente Naciones Unidas, y la ley de 1953 que consagra la carta orgánica de los kunas en San Blas, son productos de un proceso que en cierto modo deben sus resultados a la rebelión de 1925, y por supuesto a lo que he dicho en otra ocasión, que los políticos panameños cambiaron de estrategia para cooptar a los líderes kunas, en vez de enfrentárseles directamente. De más está decir, que los kunas también jugaron a la diplomacia para lograr sus objetivos.
Para los que aún no se han percatado de los cambios en la geografía política del país, las comarcas nuevas son el resultado de una evolución sociopolítica marcada por propuestas de integración de la política indigenista del Estado y por la dinámica propia de las políticas de las sociedades, que generalmente marchan de manera dispar. De las reservas indígenas pasamos a las comarcas indígenas. Esta modificación terminológica también lo fue de fondo, pues salvó en su momento un obstáculo conceptual de la política del Estado, más psicológico que real, cuando evitó en la propuesta de 1977 y 78, la discusión en torno a la validez del concepto de reservas indígena como modelos de integración de la población indígena a las propuestas de desarrollo del país. Se le descartaba ya como factor de aislamiento al proceso formativo de la nación. Y se le comparaba con los ghettos, sistemas sociales y culturales aislados del sistema general. Tanto políticos liberales como de izquierda compartían esta interpretación.
El concepto de Comarca fue rescatado del siglo XIX y remozado para incorporar allí elementos de una autogestión indígena con un mayor grado de autonomía de lo que hasta ese momento tenían las reservas. Actualmente, se han establecido cuatro nuevas comarcas, más la ya existente de Kuna Yala. Las comarcas Emberá-Wounan, la Ngöbe-Buglé, benefician las tierras de los emberá y los wounan, en Darién, y de los ngöbes y los buglé, segregando de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí, amplias porciones de tierra ocupadas por estos grupos. La superficie que cubren estas comarcas comprende aproximadamente 16, 000 kilómetros cuadrados.
Hay áreas habitadas por poblaciones indígenas que no están protegidas, sometidas a presiones de grupos más decididos a obtener tierras nacionales a cualquier precio, incluyendo la presión y la amenaza. Una amenaza mayor parece provenir de posibles concesiones mineras, de hidroeléctricas y turísticas; más aún, de intereses relacionados con bienes raíces, a veces disfrazados de operaciones forestales, que modifican el valor de la tierra, provocando desplazamientos de campesinos hacia sectores cercanos o dentro de las actuales comarcas o tierras indígenas desprotegidas por la ley o hacia los parques nacionales, desprotegidos en la práctica por falta de recursos.
Para mucha gente que no conoce la historia reciente de la territorialidad y las autonomías indígenas, ve el proceso como incongruente y sorprendente y se limita a declarar que es demasiada tierra dada a los indígenas. Y algunos han querido asociar las dificultades económicas, desnutrición y problemas de otra índole, a la mera existencia de las comarcas, cuando un análisis histórico y realista, demostraría lo contrario.
El hecho histórico es que la pobreza fue decretada desde la invasión española, y todo el proceso de aculturación que ocurre desde los inicios de la República, lenta pero inexorablemente, lo cual ha contribuido a disminuir las capacidades y experiencias de los pueblos indígenas para desarrollar sus propias formas de salir del atolladero. Las comarcas están planteadas para eso: permitir las experiencias necesarias para la autogestión y el desarrollo, con el apoyo del Estado y la sociedad nacional. Criticar a la comarcas como razón de las dificultades mencionadas es un argumento racista y etnocéntrico de echarle la culpa a la víctima.
Más aún, se trata de un derecho consagrado en las cartas de las Naciones Unidas y la OEA, incluyendo el principio de autodeterminación, el derecho a la tierra y a las culturas propias, distintas a las formaciones de los Estados nacionales, cuyo modelo histórico ha sido unipolar.
No discutimos la descalificación que ha sufrido en los últimos años el concepto de desarrollo al uso tradicional. En su lugar el concepto de desarrollo sostenible supone la posibilidad de participación democrática en el uso de los recursos y las demandas sociales. Las nuevas generaciones de dirigentes indígenas aún no se percatan de estas diferencias, y tienden a demandar servicios y recursos que condicionan dependencia, así como estimulan estilos de desarrollo similares a las estructuras sociales que les sirven de modelo. El riesgo está allí.
Apoyemos los procesos en las comarcas y tierras indígenas que conducen al desarrollo sostenible y evitemos que las luchas partidarias y los intereses externos relacionados con las bienes raíces contribuyan a destruir este experimento social y cultural de gran alcance.
