A menos de que suceda un milagro, la empresa Hípica de Panamá S. A. (Codere) se mantendrá al mando de la administración del Hipódromo Presidente Remón como mínimo por 10 años más.
Esto lo decimos porque hasta el momento -a falta de seis meses para el vencimiento del contrato- no hay visos de que el Estado panameño hará una convocatoria mediante la cual se anuncie que las posibilidades están abiertas para que entren nuevos actores al negocio.
Recientemente corrió como pólvora el rumor de que, como decimos los hípicos, “la carrera estaba arreglada” y que, incluso, la decisión de extenderle la vida al actual operador contaba con el aval de la Sociedad de Dueños de Caballos (SDC), gremio que aglutina a la mayoría de los inversionistas de la hípica nacional.
Sobre esto último, el presidente de la SDC, Bernabé Pérez, y varios de quienes lo acompañan en su gestión han dicho que no corresponde con la realidad y que están abogando porque se les tome en cuenta para hacer propuestas sobre cómo debe perfeccionarse la nueva relación contractual debido a que los dueños de caballos constituyen uno de los socios principales del negocio.
Aclarado lo anterior, es justo hacer algunas anotaciones sobre el tema, puesto que del resultado de esta gestión-transacción dependerá la suerte inmediata y futura de la tambaleante hípica panameña.
Meses atrás se comentó que, además del Grupo Codere, había otras empresas interesadas en llevar las riendas del hipismo criollo. Aparentemente, se trataba de cantos de sirena, toda vez que con las manecillas del reloj galopando en contra, no se ha visto de manera formal nada que apunte en esa dirección. Esto quizás tenga su explicación en el hecho de que “se ha manejado” el tema con un perfil bajo, a lo mejor con la intención de que nadie sepa que el contrato vigente está por vencer y así favorecer a los que ya están.
En condiciones mínimamente igualitarias, estando exactamente a seis meses para que termine el contrato con Hípica de Panamá S. A., hubiéramos esperado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es el ente regulador de la hípica, anunciara la proximidad del fin del contrato e informara que están abiertas las posibilidades para aquellos que reúnan las condiciones suficientes y necesarias para ello y que aspiraran a competir.
En lo personal, hemos dicho que no creemos que el actual operador del hipódromo haga mucho más de lo que no hizo durante casi 12 años, pero si eso es lo que hay; entonces, las partes interesadas debieran tener la oportunidad de sentarse con el MEF e Hípica de Panamá S. A. a revisar, concertar y definir las nuevas condiciones de su relación, porque si no se hacen ajustes de carácter económico, procedimental, reglamentario, entre otros, créanme que no irán hacia otro lado que no sea el desastre.
El Estado panameño debe comprender que “la industria hípica” mueve decenas de millones de dólares al año, que es fuente de sustento para miles de familias y que dentro de ella hay cuantiosas inversiones que deben ser salvaguardadas por las autoridades del país y por la empresa a la que se le otorgue la concesión administrativa.
La nueva relación contractual debe ponderar el servicio al cliente y garantizar la credibilidad del espectáculo y el juego, mediante la inversión en los mecanismos de control y castigo que impidan que sigan los abusos.
Lo anterior solo será posible con un laboratorio de análisis de antidrogas que cuente con los recursos económicos y técnicos al día; que se adecue el reglamento de carreras a la nueva realidad de la industria del juego y el entretenimiento y que se garantice, a quienes ponen a los protagonistas del espectáculo, una bolsa de premios equilibrada y que todos compitan bajo las mismas condiciones.
No se trata, pues, de renovar un contrato porque se vence otro, sino de que crear condiciones que garanticen la subsistencia del espectáculo y frenen su deterioro. Si tenemos que hacerlo con Codere (Hípica de Panamá S. A.), qué más queda; hay que hacerlo, pero tratemos de que se haga bien.
Periodista
