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El tren de la justicia sigue demorado

Cuando el Ferrocarril se privatizó, el 75 por ciento de los trabajadores tenía edades arriba de los 45 años; transcurridos nueve años, la mayoría ya supera los 50, una edad en que el mercado panameño le cierra la puerta a un trabajador, sin importar si es profesional o no.


Ningún trabajador lograba entender las razones por las cuales aquella mañana efectivos de la Fuerza Pública habían tendido un cerco en torno al Ferrocarril de Panamá. Era agosto de 1998 y había pasado un año desde que pactaran con el gobierno de turno las formas que asumiría la indemnización que recibirían en concepto de antigüedad, dada la ley de privatizaron aprobada en febrero de ese año. Salvo las justas exigencias laborales, nada hacia pensar que alguien quisiera poner en riesgo la operación del tren.

Conforme se acercaron al viejo ferrocarril se fueron percatando, sin embargo, de que las unidades de la Policía estaban allí para impedirles el acceso a los puestos de trabajo que habían ocupado por décadas.

Construido entre 1850 y 1855 por una empresa estadounidense, el ferrocarril de Panamá fue el primer puente de hierro que conectó a través del istmo a los océanos Atlántico y Pacífico, jugando un papel decisivo en la explotación de las Minas de Oro de California, descubiertas a finales de 1848. Su construcción fue una epopeya, donde el sacrificio humano, la audacia empresarial, y la forma contradictoria que fueron asumiendo las relaciones panameño-norteamericanas, son magistralmente narradas por Juan David Morgan en su obra El Caballo de Oro.

 

Pero la realidad de aquella mañana nada tenía que ver con las históricas contradicciones entre Panamá y Estados Unidos. El Ferrocarril había pasado a manos panameñas en 1979, cuando entraron en vigencia los tratados Torrijos-Carter, y Donald Miller habría de recordar muchos años después, como casi al unísono, un grupo de trabajadores, entre los que se encontraba él, rechazaron en esa fecha una propuesta para seguir trabajando con el Gobierno norteamericano.

"Todos dijimos que queríamos trabajar con nuestro país", recordó Miller, al examinar el estado actual de las indemnizaciones que les adeuda el Estado Panameño.

Hombre que dedicó su vida al ferrocarril, Donald Miller habla a nombre de sus compañeros, más de 200 trabajadores, y recuerda que lo pactado del dos de agosto de 1997 implicaba una indemnización de 2.2 meses de salario por cada año de trabajo, conforme la antigüedad, pero sorpresivamente ese agosto de 1998 las autoridades decidieron pagar sólo una quinta parte de lo convenido. El incumplimiento de lo pactado explicaba el cerco tendido ese día por los efectivos de la Policía.

 

Desde aquella mañana hasta hoy, adquirir las indemnizaciones por un trabajo realizado se ha convertido en una verdadera odisea, y lo que nos preocupa ??"expresa - es la recurrente actitud de un Estado, al que como trabajadores no le fallamos, pero que negocia con nosotros, incumple y luego posterga indefinidamente un pago que quizás muchos de nuestros compañeros no podrán ver.

Después de 1998, pese a las promesas, la administración de Mireya Moscoso evadió al tema durante casi todo el quinquenio que le correspondió dirigir el país, y en sus postrimerías emitió un documento donde dejaba constancia del derecho de los ex trabajadores a cobrar lo convenido, pero no pagó. Sobre esa base se han desarrollado las gestiones con el actual Gobierno, con el cual también llegaron a acuerdos.

Pero el tema tiene otras implicaciones. El Estado no mide las consecuencias reales, asevera Miller. Cuando el Ferrocarril se privatizó, el 75 por ciento de los trabajadores tenía edades arriba de los 45 años; transcurrido nueve años, la mayoría de nosotros ya superamos los 50, una edad en que el mercado panameño le cierra la puerta a un trabajador, sin importar si es profesional o no.

 

"De los 248 que éramos, 47 ya han fallecido, el 75 por ciento de ellos por cáncer", puntualiza nuestro entrevistado.

Sucede que cuando el ferrocarril estaba en manos de Estados Unidos, los durmientes llegaban al país impregnados al horno con sustancias necesarias para su tratamiento, pero cuando se nacionalizó, la Contraloría en aquellos años estimó que era muy caro el proceso y se lo otorgó a nacionales que cortaban la madera en Darién, hacían el tratamiento en nuestros patios y permitieron que el tratamiento tuviera un relación física directa con los trabajadores. Se sabe que muchas de esas sustancias son cancerígenas".

Miller reconoce que tanto la Asamblea como los actuales funcionarios del Ministerio de la Presidencia han acogido con justicia las reclamaciones referidas, pero critica severamente que la Autoridad Marítima de Panamá se haya opuesto en principio, y luego que fue admitido el reclamo no lo incluyera en el próximo presupuesto.

 

El Gobierno actual, pese a la oposición de la AMP, el 30 de mayo de 2005 pagó la diferencia de la indemnización que se pactó, quedando pendiente rubros como, el XIII tercer mes, cambio de etapas y nuestro acuerdo incluye, según la cláusula XV que: "En caso de que el Gobierno suspendiese las operaciones del Ferrocarril de Panamá se continuará pagando los salarios a los trabajadores hasta el momento de su liquidación".

Lo anterior implica que mientras el Estado no hubiese cancelado la totalidad de lo pactado, que según cláusula segunda de la ley número 12 del 5 de mayo de 2006, en su Artículo 2 reconoce los pasivos laborales pendientes de pago a los trabajadores de la antigua Dirección del Ferrocarril de Panamá emanados del acuerdo del dos de agosto de 1997. Es una ley que reafirma lo establecido por la ley de privatización, subraya Miller.

Por consiguiente -precisa- el Estado, a través del acuerdo firmado el 30 de mayo de 2008, reconoció el derecho de esos salarios pendientes, que ascienden a 16.5 millones de dólares, que fraccionados en cuatro pagos debieron pagarse a partir de septiembre de 2008. El segundo pago en el mes de marzo, de los años subsiguientes.

Y no ha habido intransigencia por parte de los trabajadores. Miller recuerda que se negociaron 88 meses de salarios en lugar de los 120 que se les debían.

"Nosotros nos sentamos a negociar sobre nuestro derecho legal, el Estado nos dijo que les podemos pagar esto y nosotros pactamos en lo que se nos estaba ofreciendo, y aun así los pagos no se han hecho efectivos", indica.

Ahora el tema depende del Presidente de la República, y los ex trabajadores están a la espera de una acción justa. Muchos de sus compañeros ya no están y son sus familiares los que esperan. Justamente la mañana del 25 de diciembre pasado, dos de ellos vieron su última navidad, y otros transitan por el mismo drama.


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327563
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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