El gobierno colombiano y los líderes guerrilleros del ELN iniciaron ayer un diálogo de dos días en Ginebra, manifestando su voluntad de excluir a la población civil de sus enfrentamientos y sentaron las bases para proseguir un diálogo directo que desemboque, en un futuro cercano, en un proceso constituyente de reformas.
Tras cerca de diez horas de diálogos en distintas comisiones, el Procurador de Colombia, Jaime Bernal Cuéllar, el Alto comisionado para la paz, Camilo Gómez Alzate, y el líder del ELN, Antonio García, revelaron que los participantes en este encuentro buscan ante todo "una solución política al conflicto".
Gómez Alzate aseguró a los periodistas que ha recibido garantías formales de que las Fuerzas Armadas Colombianas no están atacando el campamento del ELN como afirma el líder máximo de ese grupo insurgente, Nicolás Rodríguez "Gabino".
De su lado, el senador Samuel Moreno, quien participó en una de las comisiones de trabajo, reveló que "se instó tanto al gobierno como al ELN para que firmen lo más rápidamente posible un acuerdo de derecho humanitario con miras a proteger a la población civil", lo cual fue acogido por ambas partes.
El relator del Encuentro, el politólogo Alejo Vargas, dijo que "en general hay bastante consenso para ponernos de acuerdo en un conjunto de procedimientos que lleven a negociaciones directas. La Convención nacional es el escenario por excelencia para la construccion de esos distintos acuerdos que deben terminar en un proceso constituyente", declaró Vargas.
El objetivo inmediato del encuentro es elaborar los detalles de un plan para crear un enclave libre de tropas para los rebeldes del ELN.
Los guerrilleros quieren organizar una convención nacional de paz en la zona, una región rica en petróleo, oro y cocaína situada en el norte del país.
La idea deriva de la decisión del presidente Andrés Pastrana en 1998 de retirar todas las tropas de una gran zona rural del sur, ahora administrada por el mayor grupo insurgente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las conversaciones de paz con las FARC han avanzado con gran lentitud y el grupo rebelde presuntamente utiliza la zona para robar ganado, reclutar por la fuerza a combatientes adolescentes y participar en el rentable negocio del tráfico de la cocaína.
Pastrana rechazó en principio el pedido, pero luego aceptó el otorgamiento de una zona desmilitarizada.
