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Pérez Polo señaló que la primera perspectiva que se tuvo de trasladar a Amador el nuevo hipódromo no se ha descartado, y señaló que ha quedado establecido que la construcción en este o cualquier otro lugar es muy compleja, pero se espera que con los nuevos proyectos al respecto se diversifiquen las alternativas.
Se busca que el sector privado señale dónde se puede instalar el hipódromo, y no el Gobierno para ello se mantiene el compás abierto. La Comisión de Alto Nivel, indica que las empresas interesadas en proponer sus proyectos deben cumplir con cinco parámetros fundamentales.
El nuevo hipódromo debe estar ubicado dentro de la ciudad de Panamá, en una localidad de fácil acceso y con las condiciones de desarrollo urbano y de prestación de servicios públicos, propicias y necesarias para el desarrollo y operación de la actividad hípica en un área máxima de 40 hectáreas.
La operación actual del hipódromo no se verá interrumpida o afectada por la construcción del nuevo local, ni por la mudanza del mismo. Por ello el traslado de operaciones se realizará cuando las nuevas instalaciones del hipódromo estén terminadas y sean operativas para el desarrollo de la actividad hípica.
La infraestructura del nuevo hipódromo deberá contar mínimamente, salvo que el Estado y el Administrador-Operador convengan otra cosa, con las facilidades del actual hipódromo y en especial sin que se construya una limitación a esta obligación en las áreas de: tribuna, pista, facilidades de índole social (jockey club, salón presidencial y diplomático, restaurante y bar, taquilla, patio y círculo de ganadores, gradas, rampa de salida, establos equinos, entre otros aspectos.
La propuesta además de los aspectos técnicos propios de la actividad deberá en forma general establcer un análisis económico y financiero, desarrollo vial y análisis de tráfico, impacto ambiental, requerimientos sanitarios, impacto social y urbanístico.
El inversionista privado deberá asumir las inversiones y los gastos que se generen por la construcción del nuevo hipódromo, así como sugerir fórmulas de compensación que no impliquen erogación directa del Estado.
