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"La opinión pública se hizo notar en cuanto a que la decisión de la Junta Directiva del IDAAN era totalmente ilegal. No existe ninguna jurisprudencia que dictamine la acción que se tomó", agregó. Alemán indicó que, más bien, de acuerdo a la ley, luego de corroborar que CUSA no presentó documentación falsa, "se le debió haber adjudicado la concesión del proyecto, o como potestad del Estado, se reserva el derecho de declarar el proceso nulo, pero no lo hicieron, y se acogieron a este proceso inventado de subsanar las propuestas".
En torno a esta decisión, se creó una nueva Comisión Evaluadora, básicamente para que revisara toda la documentación nuevamente. La segunda Comisión Evaluadora presentó un informe donde establecía que las tres empresas cumplían con los requerimientos, con lo que se debió haber ido al proceso de la apertura de precios. No obstante, en base a el primero informe de la Segunda Comisión Evaluadora, la Junta Directiva solicitó que se revisaran algunos planteamientos en donde mantenían dudas, por lo que nuevamente pasó a manos de la Comisión Evaluadora.
El resultado fue que la Junta Directiva determinó iniciar un nuevo proceso, una licitación pública internacional. "Lo vemos lamentable porque si esto era una decisión de la Junta Directiva, por qué no declarar el proceso nulo o desierto en la primera instancia y no hacer sufrir más al pueblo panameño que tiene una necesidad urgente de agua", dijo.
Alemán supone que el proceso fue declarado desierto debido a que posiblemente la Junta Directiva puede haber tomado en cuenta la propuesta técnica que aducía presentar Roberts Filtres, "que iba en detrimento de lo que el IDAAN exigía en el pliego de cargos, debido a que tenían intención de instalar un equipo patentizado que incumplía las exigencias del Estado".
