El Congreso de Estados Unidos tomó esta semana dos acciones contra el gobierno del presidente Alberto Fujimori para denunciar las violaciones de los derechos humanos y la supresión de libertades en Perú. Una resolución crítica aprobada ayer en la Comisión de Relaciones Internacionales de la cámara baja, que contó con el apoyo del Departamento de Estado, pide a los representantes estadounidenses a manifestar preocupación por la situación en Perú en organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El senado votó el miércoles por una ley de asistencia económica internacional que incluyó una cláusula que critica el apoyo del gobierno estadounidense al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la falta de libertades democráticas en Perú.
La ley efectivamente corta la ayuda económica al SIN para el año fiscal 2000.
Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos manifestaron su asombro al enterarse, gracias a la votación del Senado, que Washington ha aportado fondos al SIN, acusado de cometer los peores abusos en Perú bajo el manejo del asesor de Fujimori en materias de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
La embajada de Estados Unidos en Lima dejó en claro ayer que los fondos del Departamento de Estado fueron usados solamente para la lucha contra el narcotráfico. La misión dijo en un comunicado que la asistencia sumó 25.000 dólares en 1998 y 150.000 en 1997,
"No se proporcionará más fondos en este año fiscal o en el futuro", dijo el comunicado, que señaló que el dinero se usó para apoyar a una unidad de análisis antidrogas que se puso bajo el SIN.
La embajada hizo hincapié en que no era una unidad de operaciones que recibió los fondos y no tuvo ninguna conexión con supuestas violaciones de los derechos humanos en Perú.
Por otro lado, la Comisión de Relaciones Internacional de la Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución que critica duramente al gobierno de Perú por violar los derechos humanos y civiles de los peruanos.
En particular, la Resolución 57 manifiesta la preocupación del Congreso estadounidense por la restricción a la libertad de expresión y la interferencia de la prensa por el gobierno, así como la falta de independencia de las instituciones judiciales y legislativas del país.
La resolución de cinco páginas patrocinada por el presidente de la comisión, el republicano Benjamin Gilman de Nueva York, y el vicepresidente, el demócrata Sam Gejdenson, de Connecticut, fue aprobado por unanimidad.
Un asesor de Gilman dijo que la resolución tiene asegurado su aprobación en el pleno de la cámara. Señaló que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado, a quien se le solicita una opinión en tales casos.
La resolución insta a los representantes de Estados Unidos en los organismos financieros y políticos internacionales a manifestar claramente la preocupación del Congreso con la situación en Perú.
Las dos acciones coincidieron en Washington con el anuncio del gobierno peruano de que no acatará dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perú es el país latinoamericano con más casos pendientes ante la corte, con sede en San José, Costa Rica.
