El ex presidente Luis A. Lacalle denunció una "conjura terrorista" de sectores judiciales y periodísticos con denuncias que intentan involucrarlo en actos de corrupción.
Lacalle, que acaba de ganar la nominación de su partido Nacional para ser el candidato a presidente en las elecciones generales de octubre, lanzó sus acusaciones durante una multitudinaria reunión de adictos realizada ayer para celebrar la victoria.
El ex mandatario que gobernó entre 1990-95 y ahora aspira a un nuevo mandato de cinco años agradeció "la compañía y la lealtad" de sus correligionarios, "especialmente en los últimos días cuando arreció esta nueva edición de la embestida baguala (salvaje). (Pero) no se preocupen las mentiras tienen patas cortas". Denunció "la más indignante, rastrera y baja utilización de la calumnia, la difamación, el terrorismo en los juzgados, el terrorismo periodístico que nos ha intentado detener". Publicaciones de izquierda denunciaron una supuesta participación de Lacalle y su esposa Julia Pou en una maniobra donde se sostuvo que recibieron 3,8 millones de dólares por la venta en 1992 del Banco Pan de Azúcar, un episodio que judicialmente aún no ha finalizado.
La alusión de Lacalle a la justicia es que también salieron informes de detalles de los casos que se ventilan y pasos a dar en la investigación. Lacalle ha denunciado violación de los secretos presumariales.
Lacalle, durante la campaña proselitista de cara a las internas sufrió las peores embestidas dentro de su propio partido, del sector que responde a Juan A.Ramírez, que fuera ministro del Interior y candidato a presidente en 1994 impulsado por el exmandatario.
El ex mandatario y su esposa Julia Pou de Lacalle fueron acusados, por Jacinto Debali, ex chofer del asesor presidencial, de recibir una "cóima" (comisión por soborno) multimillonaria por diversos negociados, a través del semanario Brecha y del diario La República días antes de las primarias.
Debali, según informó ayer La República declarará el hoy martes ante la justicia y "dará estatus oficial a sus denuncias". Su abogado Rafael Barla, según el diario, prevé solicitar el levantamiento del secreto de las cuentas bancarias de Lacalle y Pou.
En respuesta, el ex presidente aseguró, en un acto partidario, que se desató una campaña en su contra, que llamó "embestida baguala (salvaje)" para perjudicarlo en su carrera hacia un segundo mandato, y que consistía en actos de "terrorismo en los juzgados" y "terrorismo periodístico". Lacalle, líder del "Herrerismo", fracción mayoritaria de su partido, remontó en las primarias una situación política adversa que se arrastraba desde 1995 (cuando se revelaron públicamente casos de corrupción ocurridos durante su gobierno) con el mismo argumento, que las denuncias eran una "embestida baguala" en su contra.
Al procesamiento de su asesor directo, Daniel Cambón, y del presidente de la aseguradora estatal, Julio Grenno, por maniobras fraudulentas en seguros de automotores, le siguió la acusación al ex ministro de Economía, Enrique Braga, aún en proceso, por irregularidades en la privatización de un banco oficial, y otras denuncias contra funcionarios menores.
Antes de las primarias, su adversario partidario Juan Andrés Ramírez sembró además dudas sobre la honestidad de Lacalle, cuando denunció que durante su mandato aumentó su patrimonio en un millón de dólares sin dar explicaciones públicas satisfactorias.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
