Una supuesta fosa clandestina de opositores asesinados por agentes del ex dictador chileno Augusto Pinochet comenzó a ser excavada ayer, mientras el otrora poderoso gobernante se sometía a exámenes médicos con la esperanza de evadirse por mala salud de los juicios por los crímenes de su régimen.
La tumba se halla presuntamente en el fondo de una hondonada de 100 metros en el agreste paraje de Cuesta Barriga, 40 km al oeste de Santiago, y podría contener los restos de seis comunistas que desaparecieron tras ser capturados por policías secretos a comienzos del régimen pinochetista (1973-1990).
Una gran polvareda anaranjada se levantó en el lugar cuando el juez investigador del caso, Héctor Carreño, dispuso que una cuadrilla despejara la vegetación e iniciara la perforación con picotas y palas, observaron fotógrafos de la AFP.
La pesquisa del juez Carreño la ordenó la Corte Suprema, tras recibir documentación sobre el destino final de unos 180 opositores capturados durante la dictadura.
Los datos fueron reunidos en los últimos seis meses por acuerdo de una "mesa de diálogo cívico militar" instalada en 1999, y el 5 de enero fueron remitidos al Gobierno por la masonería y varias iglesias, que canalizaron las versiones de implicados y testigos de los crímenes.
Hay víctimas enterradas, pero 151 de ellas fueron lanzadas al mar, ríos y lagos y no aparecerán jamás, dijo el Ministerio del Interior.
Ayer, el hoyo abierto en Cuesta Barriga tenía más de un metro, pero no aparecían osamentas, dijeron unos funcionarios a los periodistas.
LOS EXAMENES CONTINUAN
Exactamente a la misma hora que se iniciaron las excavaciones, Pinochet ingresaba en silla de ruedas en el Hospital Militar de Santiago, para una sesión de pruebas de facultades siquiátricas.
Otros exámenes a Pinochet se desarrollaron en el mismo establecimiento y en la clínica privada Las Condes el miércoles y el jueves, ordenados por el juez Juan Guzmán Tapia, instructor de 205 querellas por las violaciones de los derechos humanos del pasado gobierno militar.
Los abogados del ex dictador piden cerrar los procesos, argumentando que su mala salud, agravada por sus 85 años, le impiden dirigir la defensa, recordar hechos y aun comprender lo que le ocurre.
La primera demanda a los tribunales fue presentada hace tres años, el 12 de enero de 1998. El 1 de diciembre pasado, Guzmán atribuyó a Pinochet la instigación de los fusilamientos de 75 presos políticos por un grupo itinerante de militares que recorrió el país en octubre de 1973, al mes siguiente de tomar el poder.
El primer interrogatorio a Pinochet en el caso -llamado de "la Caravana de la Muerte"- fue previsto por el juez para el próximo lunes en una de las residencias del acusado.
Sin embargo, el general retirado Luis Cortés, uno de los portavoces de la familia de Pinochet, advirtió de que el ex presidente podría no comparecer. "El desea asistir, pero va a quedar muy tensionado, tremendamente agotado (al final de los exámenes) y no estaría en condiciones", manifestó Cortés.
DE VUELTA A HIPOTESIS DE DESACATO
Según las reglas del Código de Procedimiento Penal chileno, Guzmán podría considerar desacato la inasistencia del militar al interrogatorio y ordenar su arresto. O bien podría obviar la ausencia, encausarlo formalmente y seguir adelante con la investigación, hasta emitir sentencia en el sumario de la caravana o en las otras querellas.
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