En Tegucigalpa la inseguridad se cuela en el interior de las viviendas. Alejandro Durón, un analista de sistemas de 34 años, recibió una llamada de su suegra cuando estaba trabajando. Alguien había deslizado un sobre debajo de la puerta de su casa localizada en un barrio céntrico de clase media.
La amenazante nota pedía unos 2.500 dólares y detallaba sus rutinas, horarios y lugares de trabajo de sus habitantes.
"Si no pagas, te pueden matar'', dice Alejandro sin dudarlo, mientras explica que sufrió cinco asaltos las semanas previas para robarle cosas sin importancia. Eso estaba "probablmente relacionado'' con el seguimiento que los delincuentes les habrían hecho, dice.
Alejandro y su pareja, Helen Ocampo, una periodista que trabaja en la Universidad Autónoma de Honduras, son tan sólo dos entre una cantidad indeterminada de personas que se convirtieron en desplazados internos que se han visto forzados a abandonar sus casas por miedo a morir asesinados en represalia por no pagar el "impuesto de guerra", que las pandillas M-18 y la Mara Salvatrucha han venido asfixiando a los ciudadanos comunes y corrientes.
La extorsión a propietarios de viviendas es una nueva y escalofriante tendencia criminal en un país que se cuenta entre los más peligrosos del mundo. Al exigir que la gente pague para que puedan permanecer en su propio hogar, las pandillas han propiciado la desocupación de algunos barrios y han cambiado la manera como muchos viven.
Las autoridades coinciden en que una vez las casas son desocupadas, las pandillas la utilizan como base de operaciones o las alquilan para incrementar sus ingresos.
Las autoridades no tienen cifras sobre cuánto se ha extendido esta modalidad criminal, pero una encuesta realizada por The Associated Press con la policía en una docena de barrios indica por lo menos cientos de familias han sido desplazadas.
La policía, la fiscalía y las agencias de la ONU que trabajan en Honduras dicen que el problema va en aumento, aunque los números son difíciles de conseguir porque la mayoría de las víctimas, como Alejandro, temen denunciar el delito.
"El número de extorsionados es mucho mayor que el denunciado'', dice Rafael Espinosa, jefe del programa de seguridad de la delegación de las Naciones Unidas en Honduras. "La gente no se atreve a denunciar por falta de acceso a la policía, hay pocas estaciones y pocos agentes, y por falta de confianza en las autoridades''.
A finales de 2010 ese programa realizó una encuesta de victimización y percepción ciudadana de la violencia. El 30% de los encuestados dijo haber sido extorsionado alguna vez y el 26% más de una vez.
Las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha, nacidas en las prisiones de California, son las principales responsables de este fenómeno. Entre ellas luchan por el control de los barrios para cometer extorsiones y traficar con drogas.
El aumento de las deportaciones de estos pandilleros desde Estados Unidos en la década de los 90 generó, en buena medida, este fenómeno pues envió a cientos de ellos de regreso a sus países de origen. Allí han ejercido su brutalidad en naciones caracterizados por la debilidad institucional de su policía y sistema de justicia.
El día que fueron extorsionados, Alejandro y su pareja se comunicaron vía telefónica y no volvieron a su hogar.
"Nos fuimos a dormir a otro lugar y le pedimos a un vecino que le llevase comida al perro'', dijo Alejandro. "Tardamos más de una semana en regresar, pero solo durante pocas horas y para ir recogiendo cosas''.
Para la pareja su casa representa "el trabajo de toda una vida''. Ahora viven en una vivienda arrendada. Otras familias deciden irse del país.
El llamado triángulo norte de América Central, compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, padece de elevados índices de criminalidad. Honduras, de hecho, es el país con el mayor índice de homicidios del mundo, 86,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional.
El subcomisario de policía Miguel Martínez Madrid dice que se enteró de las primeras extorsiones "alrededor de 2008'' y añadió una complicación legal al problema: "aunque tengamos información de inteligencia respecto a los lugares en los que el problema se ha detectado, no podemos allanar las viviendas si no existen denuncias''.
Las pandillas comenzaron extorsionando estaciones de taxis, pulperías, pero ahora el delito se ha extendido a toda clase de comercios, distribuidoras de bebidas, ferreterías y hasta vendedoras callejeras, dijo Martínez. "Primero hacen un estudio de capacidad adquisitiva (de la víctima) y luego proceden''.
"Extorsionar directamente sobre las viviendas es solo una etapa más, la última detectada, pero muy cruel para los vecinos porque no sólo les quitan dinero, sino el techo que han construido con el trabajo de toda una vida'', agregó.
La AP visitó la colonia 14 de marzo, considerada "zona roja'', donde se viven día a día las complejidades del problema extorsivo y las dificultades que enfrenta la policía.
El lugar es un auténtico laberinto de calles sin asfaltar unidas entre sí por peligrosos pasajes de largas escaleras que se pierden hasta hundirse al fondo de una quebrada. Las casas son modestas y están en permanente construcción.
"Aquí, la pandilla les cobra un impuesto a los vecinos sólo por (el derecho a) vivir'', dice el subinspector Brian Domínguez, que patrulla el lugar a diario. "Dicen que (les cobran) 300 lempiras a la semana (unos 15 dólares). No les permiten alquilar ni vender. Cuando no aguantan más, se van. Saben que 'las maras' matan''.
