La guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista) revelará en dos meses las "sanciones" que impondrá a sus miembros que en marzo asesinaron a tres estadounidenses, anunció ayer el Defensor del Pueblo (Ombudsman), José Fernando Castro.
Ese compromiso fue expresado por el líder de las FARC, Manuel Marulanda ("Tirofijo"), en una entrevista que sostuvo la víspera con Castro en una apartada zona rural del sur del país, dentro de los 42.000 km2 que el Gobierno desmilitarizó para posibilitar un diálogo directo.
Las FARC aunque admitieron que fue un "grave error", sin embargo reiteraron su negativa de entregar a la justicia colombiana y menos a la de Estados Unidos a los responsables del triple crimen, dijo Castro.
Según Castro, Marualanda se comprometió a "castigar" a los responsables y revelar públicamente a más tardar en dos meses las "sanciones" impuestas por la "justicia revolucionaria" de su organización, la más antigua, numerosa y beligerante del país.
Marulanda se abstuvo de avanzar cuáles serían las "sanciones" argumentando que dependen de los resultados que arroje la investigación que se adelanta al interior de la agrupación, dijo Castro.
A principios de marzo las FARC secuestraron y asesinaron a los norteamericanos Terence Freitas, Laheenea Gay e Ingrid Washinawatock, que habían venido a Colombia para apoyar la lucha de los indígenas U"wa que se oponen a la explotación petrolera en sus territorios.
Los cadáveres de los tres estadounidenses fueron encontrados en territorio venezolano a 30 metros de la frontera con Colombia, lo que el líder de las FARC reconoció como "otro grave error", de acuerdo con la declaración de Castro.
Según las FARC, el comandante "Gildardo", a quien responsabilizó del crimen sin identificarlo por su nombre , realizó inconsultamente la acción que en principio fue negada por la agrupación, pese a las persistentes acusaciones en su contra por parte de los indígenas U"wa.
Por otro lado, la guerrilla colombiana aceptará delegados de la Unión Europea (UE) para acompañar un plan piloto para la sustitución de cultivos de hoja de coca (cocales) en el sur del país, reveló ayer el defensor del Pueblo, José Fernando Castro.
Castro se reunió ayer, sábado, por espacio de cuatro horas con el máximo jefe de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulada Vélez, y el secretariado mayor de esa organización subversiva, en el municipio de San Vicente del Cauguán, en el sur del país.
Sobre el programa demostrativo para sustituir los cultivos de hoja de coca en Colombia, que las FARC propone hacer en Cartagena de Chairá, Marulanda considera, según Castro, "que debe hacerse con el acompañamiento de la UE".
De los municipio de Mesetas, La Uribe, La Macarena, y Vistahermosa, en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en el Caquetá, que suman una extensión de 42.139 kilómetros cuadrados, fueron retiradas todas las fuerza armadas del Estado para llevar a cabo los diálogos entre el Gobierno y las FARC, que tiene el control de la zona.
La propuesta de las organización alzada en armas de realizar el plan demostrativo en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, implicara, de ser aceptado por el Gobierno, incluirlo en la zona desmilitarizada.
Este municipio tiene una extensión de 13.161 kilómetros cuadrados y ampliaría hacia el este la zona desmilitarizada.
Según Castro, el líder guerrillero considera que dentro del acuerdo al que eventualmente se llegue con el Gobierno para llevar a cabo el proyecto en ese municipio "las FARC serían la única autoridad que permanecería en ese sitio".
Ellos, anotó el Defensor del Pueblo, están seguros de que tienen la capacidad para "adelantar sin problema una programa efectivo de sustitución de cultivos" de hoja de coca.
El funcionario señaló de otra parte que las FARC reiteraron que sin un acuerdo para el canje de guerrilleros presos por militares y policías que tienen en u poder no habrá liberación.
El grupo subversivo mantiene retenidos a más de tres centenares de militares y policías, algunos de ellos desde hace más de un año.
Castro anotó que el grupo rebelde no descarta la posibilidad de que familiares de los uniformados vayan a visitarlos en los campamentos en los que están retenidos, presumiblemente en la selva amazónica, en el sur.
Marulanda se reunió esta semana también con la comisión de paz del Congreso.
