En la conmemoración de los 32 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el presidente electo Vicente Fox se compromete a abrir los archivos del caso.
Organizaciones sociales y estudiantiles marcharon por las calles de la capital del país. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática, al frente del gobierno del Distrito Federal, izó ayer la bandera a media asta como señal de luto.
"El pueblo de México tiene esta herida abierta", dijo la jefa de gobierno de la capital, Rosario Robles que estuvo acompañada por delegados, algunos de ellos líderes estudiantiles en la época de la matanza.
Todos exigieron la apertura de los archivos de la época, una antigua demanda.
El presidente electo Vicente Fox se comprometió a abrir los archivos. Fox será el primer gobernante de la oposición, después de 71 años en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional.
Fox dijo al semanario Proceso que se propone a "abrir las fuentes de información" sobre lo ocurrido en Tlatelolco, "convencido de que los crímenes de lesa humanidad deben ser sancionados"".
La matanza, ocurrida a unos días de que iniciaran las Olimpiadas en México, sucedió en la explanada de Tlatelolco, antiguo centro ceremonial prehispánico, que esa tarde reunió en un mitin estudiantil contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a cientos de estudiantes y grupos sociales en apoyo.
Cuando iniciaba el mitin, grupos militares apostados en edificios cercanos abrieron fuego contra la multitud. Después se conocería que se desplegó en el lugar una fuerza de casi 10,000 uniformados.
En el lugar murieron unas 250 personas, entre 5,000 y 6,000 fueron detenidos, de los cuales más de 2,000 fueron encarcelados.
Después de la matanza los registros periodísticos de ese día, en los archivos de las hemerotecas públicas, desaparecieron pero los sobrevivientes mantienen vivo el clamor de esclarecimiento.
En una demanda penal interpuesta por algunos de los sobrevivientes acusan de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad a Díaz Ordaz, Luis Echeverría (ex secretario de Gobernación) y Marcelino García Barragán(ex secretario de la Defensa, ya muerto) entre otros.
La demanda, interpuesta en 1998, no prosperó ante la instancias judiciales mexicanas.
Este año, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de España, Carlos Castresana, que fue el fiscal que inició los juicios contra juntas militares en Argentina y Chile, reveló en el semanario Proceso que ni la legislación mexicana ni el derecho internacional podían prescribir este delito, que es de lesa humanidad.