Las leyes mexicanas no prevén partidas presupuestarias para un presidente de transición, lo que ha obligado al conservador Vicente Fox a pedir créditos y negociar con la administración saliente mecanismos de financiación hasta su toma de posesión, el 1 de diciembre.
La victoria de Fox en las elecciones del pasado 2 de julio, que puso fin a siete décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron lugar a una situación inédita.
La legislación mexicana no estipula partida alguna para financiar los gastos de la administración entrante durante los cinco meses que separan los comicios de la toma de posesión.
