El presidente chileno Eduardo Frei pidió ayer lunes que se descorra el velo en torno a los detenidos desaparecidos bajo el régimen del general Augusto Pinochet, arrestado en Londres desde hace nueve meses.
"Todos los que tienen información directa o indirecta sobre estos hechos tienen que meditar profundamente este dilema y sus consecuencias", advirtió Frei.
La declaración del presidente, en el discurso con que inauguró en Santiago un congreso internacional de sicoanálisis, se sumó al debate público reabierto en Chile en torno a la suerte que corrieron los presos políticos desaparecidos durante el gobierno militar de Pinochet, entre 1973 y 1990.
La controversia cobró fuerza el viernes pasado, cuando Manuel Contreras, hijo del general del mismo nombre que creó la policía secreta (DINA) de Pinochet, afirmó que a los desaparecidos "todos saben que los mataron".
Aunque el general Contreras desmintió las declaraciones de su hijo, desde la cárcel donde permanece hace cuatro años, la derecha opositora y sectores del oficialismo se manifestaron dispuestos a lograr un acuerdo para aclarar este "problema pendiente" de la transición.
"Estamos absolutamente listos para sentarnos en la mesa que se nos diga, concurrir a la instancia que se nos fije y llevar nuestras proposiciones", afirmó el dirigente derechista Andrés Chadwick, consultado sobre un posible acuerdo político.
"Es de suyo evidente -dijo Frei, por su parte- que cualquier nuevo entendimiento debe tener como resultado la clarificación del destino de los detenidos desaparecidos".
El mandatario, en un indirecto mensaje a los militares acusados de las desapariciones forzadas, señaló que es necesario "enfrentar de una vez esta herida, entregando esta información, o dejar que la acción sostenida de los tribunales, a lo largo de los años, vaya reconstruyendo la verdad".
Frei entregó su punto de vista luego de que los jefes del ejército, la armada y la fuerza aérea manifestaran el viernes al gobierno la "inquietud" de los militares, por el arresto del general retirado Sergio Arellano Stark y otros cuatro ex oficiales.
Los cinco militares encabezaron la "Caravana de la Muerte", que recorrió varias ciudades y fusiló a 72 presos políticos -cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares- en octubre de 1973, un mes después del golpe que llevó al poder a Pinochet.
Cuando la Corte Suprema rechazó el martes un recurso de amparo de los acusados y ratificó su detención, parlamentarios de la oposición derechista amenazaron con plantear un juicio político contra los magistrados, en el Parlamento.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), la fracción más conservadora de la derecha, sostuvo que el arresto de los militares no se ajusta a la ley de amnistía que dictó Pinochet en abril de 1978, que liberó de culpas a los autores de crímenes políticos.
Por su parte el candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, pidió "perdón" en forma implícita, por los crímenes atribuidos a los agentes de Pinochet, que permanece detenido en la capital británica desde el 16 de octubre, ante un juicio de extradición a España que se iniciará el próximo 27 de septiembre.
"Yo pido perdón y me sumo al llamado de los jóvenes", dijo Lavín, al hablar ante un grupo de líderes juveniles que apoyan su postulación para ganar la presidencia en la elección del 12 de diciembre próximo.
"Pedimos perdón por los desaciertos y errores que generaciones anteriores pudieron haber cometido, porque queremos un país en paz", señaló el candidato a los jóvenes, reunidos en la hacienda Picarquín, 80 kms al sur de Santiago.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
