La espectacular fuga de un capo de la droga destapó una compleja red de complicidades entre funcionarios y narcos, y reavivó en México la polémica sobre la corrupción y la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
Joaquín Guzmán, alias "El Chapo", líder del cártel de Sinaloa implicado en el asesinato de Monseñor Posadas Ocampo en 1993, huyó el viernes del penal de máxima seguridad de Puente Grande (Jalisco, oeste del país), en un camión de limpieza, supuestamente amparado por responsables de la vigilancia del centro.
Las autoridades investigan a 33 funcionarios de la prisión y al alcalde de Puente Grande, que dimitió casi instantáneamente.
Según la prensa local, la espectacular huida fue planeada con un año de antelación y costó más de 2,5 millones de dólares que presuntamente se invirtieron en sobornar a los agentes de seguridad de la cárcel.
Fuentes del Centro Nacional de Derechos Humanos denunciaron que "El Chapo Guzmán" salía y entraba del penal a su gusto custodiado por funcionarios de la propia prisión, donde, al parecer, recibía "mujeres, drogas y alcohol".
