La policía local capturó a miembros del grupo paramilitar que asesinó el mes pasado a 45 refugiados indígenas en el sur de México horas después de la matanza, pero los dejó en libertad y les devolvió sus armas, afirmó un organismo de defensa de los derechos humanos.
Las declaraciones de uno de los testigos fueron parte del informe de 220 páginas emitido esta semana por un organismo gubernamental de derechos humanos, que describe cómo las autoridades y la policía del estado sureño de Chiapas permitieron o ayudaron a planear la matanza del 22 de diciembre.
La matanza perpetrada por paramilitares del partido gobernante contra refugiados simpatizantes de los rebeldes zapatistas en Chiapas consternó a México y estremeció al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, forzando a altos funcionarios estatales y federales a renunciar.
Unas 49 personas fueron arrestadas, entre ellas un alcalde del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y un comandante de la policía.
Sin embargo, se cree que las autoridades arrestarán próximamente a altos funcionarios, en parte debido al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"Es de tal suerte grave el cúmulo de ineficiencias y omisiones detectadas en la atención de los sucesos referidos, así como la pasividad, indolencia y desinterés mostrados por autoridades estatales, tanto en las semanas previas como el da de los hechos, que incluso, podría presumirse si no la participación directa, si el conocimiento y la complacencia de elementos de seguridad pública del estado en el actuar del grupo agresor", señaló el informe.
El testigo, cuyo nombre no se menciona en el informe, dijo a los investigadores que vio a agentes de la policía perseguir y capturar a unos 50 paramilitares armados vestidos de negro, dirigidos por un ex oficial del ejército que no fue identificado.
Posteriormente, "solicitando el ex militar hablar con el comandante, quien en esos momentos llegó, ordenando a los elementos de seguridad pública que les fuera devuelto su armamento, dejándolos libres", afirmó úel testigo, según el documento.
El informe de la comisión de derechos humanos sobre la matanza en la aldea de Acteal fue entregado hace una semana al procurador general, Jorge Madrazo, pero no fue divulgado hasta días más tarde.
Madrazo señaló que su investigación en torno a los asesinatos se concentra en más de una decena de altos funcionarios estatales mencionados en el informe.
Sin embargo, hasta el sábado, ninguno de los funcionarios había sido arrestado.
