Una gestión de diplomáticos de Cuba, España, Noruega, Suiza y Francia logró deponer la oposición civil al despeje de una zona del norte de Colombia para iniciar las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia.
El "Movimiento No al despeje", que este año ha hecho multitudinarias movilizaciones y paros cívicos para evitar que el gobierno le entregue tres municipios al ELN, anunció ayer que aceptará la creación de la zona desmilitarizada, sujeta a estas condiciones:
El ELN debe liberar a todos los secuestrados, incluyendo civiles, militares y policías.
La guerrilla debe decretar un cese general de hostilidades mientras se desarrollan las
negociaciones de paz, incluyendo ataques a la población y la infraestructura energética del
país.
La concentración de todos los combatientes del ELN en la zona desmilitarizada, que debe
estar sujeta a reglamentación para evitar que sea usada por la guerrilla para fines distintos
que las negociaciones de paz.
La creación de un comité de veeduría del proceso de paz con personalidades de Colombia y
el exterior.
"Vamos a darle una oportunidad a la paz en Colombia", dijo el Comité en un comunicado leído desde San Pablo por Carlos Clavijo, uno de los miembros de la organización y difundido por las cadenas radiales RCN y Caracol.
La aceptación de la zona desmilitarizada en los municipios de San Pablo, Simití y Cantagallo se logró después de varas semanas de pacientes gestiones de los diplomáticos europeos y de Cuba que integran una comisión facilitadora del proceso de paz con el ELN.
El gobierno del Presidente Andrés Pastrana y el ELN habían logrado desde abril el acuerdo para iniciar las negociaciones y una convención nacional con la participación de la sociedad civil, pero la oposición de las gentes de los municipios de San Pablo, Simití y Cantagallo, de unos 4.000 kilómetros cuadrados, ha impedido poner en marcha el proceso de paz.
En el acuerdo de abril el ELN anunció que estaba dispuesto a reducir el ritmo de la confrontación y sus ataques concentrados especialmente contra la infraestructura del sector eléctrico que ha sufrido unos 300 ataques dinamiteros en dos años y la industria petrolera, que igualmente sufrió decenas de sabotajes que impidieron las exportaciones, entre el 23 julio y el 5 de septiembre, desde el campo Caño Limón, el segundo de Colombia.
