El gobierno argentino dijo ayer que convocará al sindicalismo y a otros sectores a un diálogo social, aunque adelantó que no negociará su plan económico de austeridad.
Cuando aún resuenan los ecos de la huelga general del viernes contra la administración de Fernando de la Rúa, el vicepresidente Carlos Alvarez sostuvo que invitará a los gremios, la iglesia y los empresarios a una concertación para buscar una salida a la crisis económica que atraviesa del país.
La convocatoria a la concertación se dio luego que el gobierno soportara el viernes una huelga general con un alto nivel de acatamiento --la segunda en sus apenas seis meses de gestión-- en contra de un recorte del gasto público que incluye una rebaja de hasta un 15 por ciento en los salarios de los empleados estatales.
Además, el malhumor de los argentinos se ve acentuado por el alto desempleo en el país, que llega a casi 14 por ciento de la población en edad laboral.
Sin embargo, Alvarez, a cargo de la presidencia debido a que De la Rúa se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, advirtió que la concertación no incluirá el debate sobre la política económica.
Según el vicepresidente, el diálogo implica que se respeten dos condiciones: "conocer la legitimidad política del gobierno (y) que nadie se atribuya o crea que sectorialmente puede tener la facultad de decirle al gobierno que tiene que cambiar la política".
Desde que asumió en diciembre, De la Rúa, de la Alianza de centroizquierda, impulsó una serie de ajustes y aumentos impositivos destinados a reducir el déficit fiscal y conformar los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que mantiene un acuerdo crediticio de 7.400 millones de dólares.
A principios de mayo, el sector más combativo de la principal central obrera argentina --la Confederación General del Trabajo-- había convocada a una huelga general contra la política de austeridad del gobierno.
El más reciente recorte del gasto público, de 938 millones de dólares, es el segundo ajuste que decide De la Rúa, quien a poco de asumir en diciembre recortó 1.400 millones del presupuesto nacional y aumentó los impuestos en 2.000 millones.
"Estamos tomando algunas medidas dolorosas que para nosotros van a tener un efecto positivo en el mediano plazo", dijo Alvarez.
Según la prensa local, el gobierno no admitirá en la concertación discusiones sobre el aumento en los impuestos y el ajuste fiscal.
A pesar de estas condiciones, Alvarez defendió la utilidad del diálogo. "Es tan importante satisfacer las demandas sociales de trabajo, de justicia, de salud y educación de los argentinos como las de los que tienen capital para invertir en la Argentina. Hay que buscar un equilibrio", dijo.
Los analistas han aplaudido los recortes en el gasto público, pero criticaron con dureza el aumento en los impuestos que afecta principalmente al consumo interno, que representa el 80 por ciento del PIB.
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