El gobierno argentino restó ayer importancia a la inquietud, malestar y preocupación manifestados por el jefe del ejército tras la decisión de una jueza de arrestar a siete militares retirados.
Las detenciones fueron ordenadas por la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano tras la negativa de los militares de declarar como testigos en el marco de una causa que busca dilucidar la muerte de 30 presos políticos en la dictadura militar de 1976 a 1983 inclusive.
"Es normal la gran preocupación de algunos sectores de las fuerzas armadas", manifestó a la prensa el vicepresidente Carlos Alvarez, y destacó la "normalidad del funcionamiento de las instituciones" argentinas.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, por su parte, expresó en declaraciones radiales que "parece que todo el mundo ha tenido como una especie de reflejo del pasado, cuando la Argentina de hoy no tiene nada que ver con aquélla", refiriéndose al régimen militar.
"No veo ningún motivo para que no esté plenamente vigente lo que es un principio intachable, que es que la decisión que la justicia tiene debe ser por todos respetada y por supuesto las fuerzas armadas encuadradas dentro del estado de derecho", sostuvo.
Tras las detenciones de los militares durante esta semana, Brinzoni manifestó que en las fuerzas armadas existe cierta "inquietud, preocupación y malestar", aunque aclaró que "el ejército está absolutamente subordinado al comandante en jefe de las fuerzas armadas".
El llamado juicio por la verdad de Córdoba intenta esclarecer las circunstancias en que fallecieron 30 presos políticos en una comisaría de la ciudad de Córdoba, a 720 kilómetros al norte.
Para ello fueron citados a declarar como testigos ex represores y militares que habían sido beneficiados con leyes exculpatorias y un indulto del ex presidente Carlos Menem. Ninguno de ellos puede ser condenado nuevamente por violaciones cometidas contra los derechos humanos.
La jueza ordenó las detenciones de los militares para que "reflexionen" sobre su negativa a declarar, según lo establece el código penal. El viernes quedó detenido el general retirado Luciano Benjamín Menéndez.
"La búsqueda de la verdad es un derecho inalienable", dijo Gil Lavedra, pero aclaró que "no está tan claro cuál es la mejor manera de alcanzarla".
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