El Ejecutivo ecuatoriano autorizará las manifestaciones pacíficas contra el alza de los precios de los combustibles, el transporte público y el gas doméstico, manifestó ayer el ministro de Gobierno (Interior), Juan Manrique.
Manrique hizo estas declaraciones al diario "El Comercio" en el inicio de una semana en la que se prevé un aumento de la conflictividad social, debido a las recientes medidas gubernamentales.
El ministro subrayó la obligación del Gobierno de mantener el orden, y añadió que creía que en las protestas "hay intereses políticos de los movimientos sociales".
En las actuales circunstancias de Ecuador, "la solución para el alza del precio del gas no es tumbar al gobierno, eso no es legítimo", declaró Manrique al diario.
El ministro de Interior aseguró que 2001 es un año importante para el Ejecutivo, que tiene un programa ambicioso de modernización del estado y sobre todo planea "auspiciar un ambiente de paz".
Manrique expresó su disposición al diálogo con los dirigentes de los movimientos sociales, pero advirtió que si no les gusta el alza de la gasolina deben proponer medidas alternativas, y no "limitarse a decir que causarán otro 21 de enero".
En esa fecha del pasado año, un golpe de estado dirigido por indígenas y militares rebeldes derrocó al anterior presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, en medio de una grave crisis política y económica.
En las marchas y protestas anunciadas en este mes por organizaciones sociales, "todo aquel que infrinja la ley tendrá que ser sometido a la correspondiente sanción", reiteró Manrique.
La semana pasada los estudiantes protagonizaron varias protestas, sobre todo en Quito, que finalizaron con más de doscientos detenidos.
Los recursos de amparo constitucional presentados por organizaciones sociales contra los aumentos de precios de combustibles, gas y transporte público han sido acogidos favorablemente por dos jueces de Quito, pero rechazados por otro de Guayas, por lo que probablemente el asunto llegará hasta el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, los transportistas y servidores de combustibles mantienen las nuevas tarifas, con el consiguiente descontento de la ciudadanía.
El Gobierno ha advertido al Poder Judicial que no debe inmiscuirse "en actos de exclusiva incumbencia constitucional y administrativa" del Ejecutivo, y "mucho menos que incurran en la perturbación del orden público con la creación de vacíos y confusiones jurídicas respecto a decisiones legítimamente adoptadas".
MARCHA A PIE
La asociación hispano-ecuatoriana "Rumiñahui" convocó hoy una marcha a pie desde Lorca hasta Murcia para reclamar la regularización de los 20,000 ecuatorianos que residen ilegalmente en esta región del sureste español, informó a
