La divulgación de los archivos que el gobierno de Guatemala mantuvo abiertos a miles de sus compatriotas durante tres décadas de dictadura y guerra civil ha despertado la curiosidad de una población deseosa de saber si su nombre efectivamente aparece en los listados.
El acceso a los archivos, que incluyen informes sobre 650.000 personas, fue abierto al público el 11 de mayo.
Desde entonces, médicos, vendedores ambulantes, choferes de autobuses y activistas de los derechos humanos han desfilado ante un cubículo en la Procuraduría de los Derechos Humanos para comprobar en la pantalla de una computadora si alguna vez fueron objeto de espionaje.
El promedio de visitas alcanza las 500 al día desde que el archivo fue abierto. Siete de cada 10 descubre su nombre en la lista negra.
"Causa un tremendo impacto psicológico ver tu nombre ahí", dijo Sonya Puraz, que trabaja como reportera para el servicio de noticias de un portal de Internet, y que fue líder de un grupo estudiantil izquierdista.
"Yo estaba segura de que me habían metido en una especie de lista negra, pero cuando uno ve su nombre en blanco y negro en la pantalla es muy difícil de comprenderlo", agregó Puraz.
Si se imprime, el listado con el nombre y apellido, seguido con un código numérico, es más grueso que el directorio telefónico de la capital, Guatemala.
Por ahora, no se sabe si todavía existen los archivos que corresponden a los códigos.
Diego Mario Chamay, un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos, ahora dedica su tiempo ayudando a cientos de guatemaltecos a usar cualquiera de las tres computadoras donde se guarda la información con los listados.
"La oficina está siempre llena de gente normal que solamente quiere revisar si se les abrió un archivo", manifestó Chamay.
Entre los que aparecen está el nombre del finado obispo Juan Gerardi, asesinado a golpes en 1998, dos días después que divulgase un informe en el que se señala la responsabilidad del ejército en la gran mayoría de las 200.000 muertes de civiles ocurridas durante la guerra civil de 36 años.
También aparece el de Helen Mack, la mujer que estableció una fundación defensora de los derechos humanos, luego del asesinato de su hermana, perpetrado por soldados en 1990, cuando llevaba a cabo trabajos antropológicos sobre los refugiados de la guerra civil.
El ejército de Guatemala no ha querido comentar sobre los listados o confirmar si mantiene en su poder los archivos que corresponden a los números marcados en la lista.
Pero Edgar Gutiérrez, un ex líder pro derechos humanos y coautor del informe Gerardi, fue designado hace poco como jefe del Secretariado de Análisis Estratégico, el organismo militar que compiló el archivo.
"Por mucho tiempo, el estado vio a su propia población como su enemigo.Una democracia no puede dar resultados así", comentó Gutiérrez.
Gutiérrez dice que el secretariado ha cambiado su modus operandi desde que se encargó de su dirección, pero que no se puede garantizar que existan más archivos.
"No hay manera de saberlo, hasta que estemos seguros de que hemos hallado todos", afirmó.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
