Paraguay abrió ayer una "guerra" diplomática con Argentina y Uruguay, dos de sus tres socios en el Mercosur, a los que acusó de boicotear su proceso democrático por denegar la extradición de dos prófugos de su sistema judicial.
"Nuestro gobierno ha decidido dejar en suspenso los pedidos de extradición ... ante ambos gobiernos hasta encontrar en los mismos el ambiente institucional y jurídico capaz de responder a los legítimos reclamos del Paraguay", dijo el presidente Luis González Macchi en un mensaje transmitido por televisión.
Argentina denegó el jueves la extradición del ex general golpista Lino Oviedo, asilado en ese país desde marzo. Uruguay hizo lo mismo el miércoles, con el ex ministro de Defensa, José Segovia.
Pero la primera baja del conflicto diplomático fue el canciller paraguayo, Miguel Saguier, quien dimitió al cargo por pedido del presidente, tras ser responsabilizado por el fracaso de los trámites de extradición. Las cancillerías de Buenos Aires y Montevideo adujeron que se proponían salvaguardar la seguridad física de los exiliados y rechazaron los pedidos de extradición, sin darles trámite judicial.
En Buenos Aires, sin embargo, legisladores de la opositora Unión Cívica Radical formularon una petición formal para interpelar al canciller Guido di Tella, por no conceder la extradición de Oviedo.
La petición probablemente fracasará en la Cámara de Diputados, donde ningún partido tiene mayoría. Horas antes de renunciar, Saguier aseguró que la unión aduanera está en entredicho, en vista de que dos países socios sospechan que otro estaría incurriendo en persecuciones políticas incompatibles con el régimen democrático, un requisito para integrar la unión aduanera.
"Debemos tener una actitud crítica con respecto a esto, porque el Mercosur no es sólo una integración aduanera o comercial, también es una integración democrática", dijo el ahora ex canciller, a corresponsales extranjeros.
Embajadores llamados
Antes de acusar a sus socios de no crear el ambiente institucional para responder a los reclamos por vías institucionales, Paraguay convocó para consultas a sus embajadoras en Buenos Aires y en Montevideo. Al mismo tiempo, la cancillería convocó a al embajador argentino en Asunción para oficializar su disconformidad con la negativa de Buenos Aires.
En Argentina, el ministro del Interior, Carlos Corach, garantizó que Oviedo no realiza actividades políticas contra el gobierno paraguayo y dijo que si lo hiciera, sería confinado.
La disconformidad de los paraguayos, sin embargo, no se limitó a las autoridades: cientos protestaron ante la embajada argentina en Asunción y contra el embajador, José Berro, después de que el diplomático recibiera el reproche de Saguier.
Oviedo es buscado como presunto autor intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y un guardaespaldas en un atentado callejero el 23 de marzo, y de siete manifestantes opositores unos días después.
Segovia está acusado de desviar 450.000 dólares del Ministerio de Defensa para financiar grupos armados en defensa del presidente Raúl Cubas, quien renunció tras la indignación provocada por los asesinatos de Argaña y los manifestantes.
Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y legisladores de Paraguay coincidieron en condenar la decisión de Uruguay y Argentina.
