El gobierno argentino enfrentó ayer una huelga general salpicada con incidentes en varias ciudades, convocada por los sindicatos en rechazo a la política económica del presidente Fernando de la Rúa.
El paro, convocado por las tres principales centrales obreras del país -la Confederación General del Trabajo (CGT) oficialista, la CGT disidente y el Consejo de Trabajadores Argentinos (CTA)- afectó principalmente al transporte, la salud y la educación.
La huelga, segunda contra las resistidas medidas, también tuvo acatamiento entre los empleados judiciales y del sector público, que durante toda la semana llevaron adelante medidas de fuerza contra un reciente recorte de sus salarios.
"Nadie quería parar...pero este paro es un grito de las entrañas del pueblo que le pide al gobierno que tenga en cuenta lo que está pasando en el país, que atienda las necesidades de la gente", dijo en rueda de prensa el titular de la CGT disidente, Hugo Moyano.
La agrupación obrera sostuvo que el nivel de acatamiento a la huelga fue de 91,2 por ciento y que en el transporte de pasajeros el cese de actividades fue de entre 75 y 100 por ciento.
"El acatamiento es de un 60 por ciento", dijo por su parte el ministro del Interior Federico Storani y agregó que la medida de fuerza era "impopular" y que la mayoría de los trabajadores no había concurrido a su lugar de trabajo por la falta de transporte y no por adherir al reclamo gremial.
De la Rúa admitió que la adhesión al paro fue importante, pero calificó la medida como innecesaria.
"Nadie puede hacer dudar que el paro es amplio y lo que yo digo es que es tan amplio como innecesario e inútil", dijo a la prensa.
La actividad privada funcionaba casi normalmente, en tanto que los ferrocarriles, subterráneos y vuelos de cabotaje registraban atrasos.
Pero en el interior del país se registraron varios incidentes, según la prensa local, mientras en la capital decenas de bolsas de basura en llamas cortaban importantes avenidas.
En la ciudad balnearia de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, unos 40 autobuses sufrieron roturas de parabrisas y ventanillas, mientras que en la provincia de Santa Fe los huelguistas cortaron una ruta provincial y arrojaron un explosivo contra el edificio de una radio local.
En la provincia cordillerana de Neuquén manifestantes apedrearon y provocaron incendios en el edificio de la petrolera Repsol-YPF.
La televisión mostró a decenas de personas, con las caras cubiertas con máscaras, ingresar al edificio y robar computadoras que usaron para romper los vidrios y luego arrojaron a las calles. Los escritorios y cortinados de varias oficinas fueron incendiados.
Los huelguistas se oponen en esta oportunidad a un decreto firmado por De la Rúa que establece reducciones salariales para el sector público de entre 12 y 15 por ciento.
La rebaja salarial está incluida en un ajuste de gastos mayor, el segundo que impulsa De la Rúa, quien poco después de asumir en diciembre recortó 1.400 millones de dólares del presupuesto nacional y aumentó en 2.000 millones los impuestos.
El ajuste también contempló la desregulación del sistema de atención médica de los trabajadores, principal fuente de ingresos de los sindicatos.
Argentina posee dos millones de desocupados y uno de cada tres de sus habitantes en zonas urbanas vive en la pobreza, mientras que más de 11 por ciento de su población no llega a cubrir sus necesidades alimenticias diarias.
La protesta coincidió con la presencia en Argentina de una misión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra revisando las cuentas públicas en el marco de un plan crediticio acordado con el gobierno de la Alianza.
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