El gobierno del presidente Andrés Pastrana busca hacer la concesión al pro-cubano Ejército de Liberación Nacional (ELN), para que la región sea sede de un encuentro con representantes de la sociedad civil, previa a un proceso formal de paz.
La posibilidad de que el gobierno acceda a desmilitarizar la zona cobró impulso tras encuentros con líderes del ELN en La Habana y luego que esa guerrilla liberó a 42 efectivos de las fuerzas de seguridad capturados en los últimos dos años.
Antes del inicio de la reunión de ayer, el gobierno expresó optimismo en llegar a un acuerdo con los representantes de la sociedad civil, que en el pasado se opusieron a una desmilitarización de la región temiendo que la guerrilla se convierta en "Dios y ley" de la zona.
"Creo que estamos ya en un punto en lo que seguramente saldrá humo blanco. Si eso es así, pues inmediatamente empezará a funcionar la Convención Nacional", dijo el ministro de Desarrollo, Augusto Ramírez.
Desde que el gobierno anunció en abril la posible concesión al ELN de una zona en el sur del departamento de Bolívar y el noreste del de Antioquia, los habitantes de la región agrícola, ganadera y aurífera protestaron con marchas y bloqueos viales, bajo aparente presión de grupos paramilitares de ultraderecha. REGLAS DE JUEGO CLARAS
Pero el gobierno ha dicho que la zona que entregaría al ELN, que tiene unos 5,000 combatientes, se desmilitarizaría por nueve meses, tendría una veeduría nacional e internacional y que autoridades como la Fiscalía permanecerán en la región.
Las reglas de juego serán claras y acordadas previamente, a diferencia de lo que sucedió con la entrega a las FARC, el principal grupo rebelde del país, del control de una zona de sabanas y selvas de 42,000 kilómetros cuadrados.
Las fuerzas de seguridad acusan a las FARC de usar la zona para reclutar niños, traficar armas y drogas, y preparar ataques, versiones que niega esa guerrilla, que tiene unos 17,000 hombres en armas.
Las FARC congelaron las negociaciones de paz a mediados de noviembre y anunciaron que sólo las restablecerán cuando el gobierno muestre resultados concretos en la lucha contra los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
De lograrse el acuerdo sería el primer intercambio de prisioneros entre esa guerrilla y el gobierno en medio del conflicto interno de más de tres décadas que dejó 35,000 civiles muertos en los últimos 10 años.
