En su áreade trabajo
- Raúl A. Hernández López es diputado por el circuito 2-2, distrito de Antón, provincia de Coclé. Ha sido ministro de Comercio e Industrias, presidente de juntas directivas de instituciones estatales, de la sociedad civil y empresariales. Además, es el autor de “El distrito de Antón en el tiempo y las leyes”, una obra documental en la que plantea el potencial turístico de la región y su gente, que lo ha llevado a trabajar en un plan de desarrollo agroturístico para Penonomé y Antón, que establecerá tareas, y qué entidades serán las encargadas de desarrollarlas.
Aprendizaje escomo el de una maestría
- Personalmente, aprendí muchísimo, a conocer las necesidades de la misma etnia ngäbe buglé, logré comprender su lucha, y que la ayuda no se da de acuerdo a como uno cree que debe darse, sino qué es lo que espera el que la recibe.
- Raúl A. Hernández
No había pasado un año del estallido en Changuinola, Bocas del Toro, en julio de 2010, producto de la aprobación de la Ley 30 o "Chorizo", cuando ya miembros de la etnia ngäbe- buglé en Chiriquí volvían a poner al país en vilo con airadas protestas, cierres de la carretera Interamericana y el traslado de sus reclamos al corazón de la ciudad.
Tanto en la Ley 30 como en la Ley 8, hoy Ley 11 que prohíbe la explotación minera y establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe- Buglé, han dejado muchas heridas y enseñanzas de que la prisa no es la mejor consejera, pues siempre en el camino surgen situaciones que se deben atender.
Para el diputado Raúl A Hernández López, presidente de la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, encargada de la discusión de ambos proyectos, fue una situación muy difícil y una crisis que nunca debió existir.
Fue una crisis en la que había que hilar muy fino para entender lo que proponían y el origen de sus divisiones, producto de la ruptura de la forma tradicional de elegir a las autoridades comarcales, explicó.
Según Hernández, la cacica Silvia Carrera no era reconocida por un grupo de tradicionales, entre ellos la cacica suplente Mijita Andrade, quien salta al escenario en abierta oposición a lo que Carrera y la Coordinadora aprobaron con el Ejecutivo.
Para Hernández, fue un tiempo de aprendizaje y de saber escuchar y entender desde una perspectiva de la cultura, las tradiciones y los intereses personales. “Hay que verlo de esa manera porque ellos tienen sus intereses personales tan bien definidos como los podemos tener nosotros, quizás en otra cultura y bajo otro punto de vista”.
Al final el país ganó, según Hernández, porque se logró el balance de una buena ley que garantiza el desarrollo del país y al mismo tiempo les da la oportunidad de desarrollo a ellos.
En su experiencia en la Asamblea, ¿cuál ha sido la situación más difícil en la que le ha tocado participar en estos últimos tres años?
Debo confesar que además de ser difícil para mí, lo considero como si hubiera sido una maestría o un doctorado, el manejo de la crisis con los indígenas ngäbes y buglés. Y fue verdaderamente una crisis, muy a mi pesar, que no debió nunca ocurrir de la forma como se manejó porque la ley que habíamos aprobado había sido consensuada con ellos mismos. Mas surgieron intereses posteriores a los mismos que llevaron a un movimiento, que en mi opinión fue manejado muy políticamente fuera de los mismos intereses reales de los indígenas.
Yo me atrevería a decir que ha sido el proyecto más duro que se ha manejado en la Asamblea en estos tres años que hemos tenido de gobierno. Pudimos buscar el balance de una buena ley que le garantizara el desarrollo del país y al mismo tiempo les diera la oportunidad de desarrollo a ellos, bajo la cultura que estaban buscando hacer.
¿Existe la posibilidad de que se hagan nuevas reformas a la ley minera?
Tendrá que ser en otro gobierno, tendrán que aventurarse a cambiar la ley actual porque ahora está totalmente prohibido.
¿Está sometido el tema de las hidroeléctricas a un arbitraje de Naciones Unidas?
Ahora mismo no a un arbitraje, sino a una asesoría que apoyó Naciones Unidas, la cual sumó al Ejecutivo, al Legislativo y a la Comisión de los indígenas, los cuales en conversaciones entre las partes lograron elaborar un plan de trabajo que incluye una revisión de lo que son los linderos a donde se está llevando a cabo el proyecto, aclarando que siempre se manifestó que estaba fuera de las comarcas y solamente tocaba en un espacio muy pequeño parte de lo que era la comarca.
Y con ese compromiso se acordó con Naciones Unidas una revisión del estudio de impacto ambiental porque había opiniones encontradas en cuanto a alguien que asesoraba a los indígenas, en el sentido de que no era cierto lo que decía el estudio de impacto ambiental, hubo que sustentarlo, eso se llevó a acabo y han entendido.
Le preguntaba por la situación de Barro Blanco porque los ngäbes sustentaban que el Tabasará se vería afectado.
Ellos quisieron considerar que como el río Tabasará nace en la comarca, o pasa a través de la comarca, ya de salida el resto del río también era de ellos hasta que desembocaba al mar y eso no es correcto, no es así.
¿Son conscientes los indígenas ngäbes y buglés?
Por supuesto. Yo resentí mucho y se lo digo con mucho respeto, casualmente es el manejo de la información dentro de los mismos ngäbes y buglés. Aquí hubo, en parte, hasta cierto punto, mala fe porque lo que nosotros hablábamos en la mesa y lo que acordábamos, a veces no era lo que necesariamente llegaba a las bases. Y era por intereses creados, intereses políticos, que querían crear movimientos de disturbio nacional y no les decían lo que nosotros habíamos acordado acá. Y en parte es porque muchos de ellos no hablan el idioma español, entonces las transmisiones que salían hacia ellos en el idioma ngäbe buglé no les decían exactamente lo que nosotros estábamos acordando sobre la mesa. Por eso tuvo que participar la Iglesia, hacer llamados de calma, a la paciencia y repetir lo que se estaba acordando en la mesa.
¿Fue por la barrera del idioma o por falta de voluntad el no entendimiento de las partes?
Yo sentí dentro de la mesa del diálogo divisiones entre ellos (los indígenas). Sentía que había algunos que quizás comprendían y entendían y veían que se estaban logrando las aspiraciones que los habían llevado a la creación de la comisión, que fue casualmente eliminar la minería. Ese fue realmente el movimiento inicial que llevó a la creación de la comisión. Después, ellos alegaron el aspecto de las hidroeléctricas. Llegó un momento en el que yo les decía: No importa lo que acordemos aquí, ya sea bueno o malo, ustedes no van a quedar bien porque entre ustedes se van a seguir serruchando el piso. Y eso ha ocurrido, prueba de ello, la Mijita con la cacica, y es injusto porque honestamente, los que se sentaron originalmente allí a nombre de la comisión venían con interés de encontrar cosas favorables para ellos y lo consiguieron.
¿Ha tenido algún impacto en el desarrollo de las hidroeléctricas, o ha hecho que el Gobierno sea más cauteloso en sus decisiones?
No, yo creo que esto nos ha ayudado muchísimo para lo que es desarrollo futuro de hidroeléctricas. Hice una ley, la Ley 58 del 2011, se cambió la ley que daba, a través de la Asep, los compromisos del manejo de la electricidad del país. Se hicieron cambios importantes a la Ley 6, y ahora la Oficina de Electrificación Rural puede darle la electricidad a toda el área aledaña. Ellos son generadores, no son distribuidores. Pero los distribuidores, que eran los bellacos, cuando veían que no era muy interesante el negocio en esa área, decían que no les correspondía porque estaba fuera de su ruta o de lo que la ley les decía. Pero ahora tienen que hacerlo.
¿Qué impacto tendrá?
En esa ley se compromete el Ejecutivo, que en cuatro años se va a cubrir con energía eléctrica el 96% de los hogares panameños en todo el país, incluyendo las áreas indígenas. Y esa ley lo que hizo fue que antes era muy oneroso para la Oficina de Electrificación Rural llevarle electricidad a estos lugares porque le correspondía exclusivamente al distribuidor que estaba asignado en el sector. La distribuidora decía: ‘yo le conecto la electricidad y le administro la línea, pero como para mí eso no va a ser negocio, me tienen que pagar por adelantado una suma de dinero equivalente a 20 años’. Los programas del Estado, los fondos se iban en pago de subsidios. Si se invertían $110 millones, de esos más de $70 millones eran para pagar el subsidio.
¿En cuánto cambió esto el subsidio?
Esto cambió el subsidio por ley por cuatro años y pagadero anualmente. Eso ahora le ha dado una fuente de ingreso importantísima a la Oficina de Electrificación Rural para hacer las conexiones en todos los hogares que nosotros estamos promoviendo.
¿Es solo para áreas rurales?
Sí porque es allí donde están los problemas con los indígenas en sus reclamos. La capital en la comarca Ngäbe-Buglé, que está en el centro de la comarca, no tiene carretera para llegar a ella, mucho menos electricidad. Son cosas que hay que entender, que los reclamos de ellos tienen que ser aceptados como tal para crearles una buena respuesta de desarrollo.
El otro caso polémico fue Bocas del Toro con la aprobación de la Ley 30.
¿Por qué se hizo una ley que reunía tantos temas?
Fue una ley que no debió de haberse dado. Es una realidad dentro de la misma ley, que no era muy larga, resultó una ley chorizo, porque había temas totalmente distantes unos de los otros que lo que hicimos fue pelearnos con todo el mundo a la vez de una manera innecesaria. Quizás si se hubiera manejado individualmente cada uno de los puntos, todo se hubiera podido conseguir.
Sin que querer inmiscuirme en el Ejecutivo, porque tendría sus razones, porque esta es una ley que vino del Ejecutivo, fue verdaderamente el ímpetu de hacer las cosas diligentemente de una manera más de estilo empresarial para poder ver resultados con la mayor brevedad posible y quizás desconociendo lo que implica esto en el sector gubernamental, se cometió el error de querer conseguir muchas cosas a la vez, mucho más rápido de lo que se hubiera conseguido tramitándola de uno en uno.
Pero bueno, por lo menos a nivel legislativo hemos aprendido muchísimo y hoy en día estamos mucho más cautelosos cuando nos llega algo así.
