Un juez ecuatoriano dijo ayer que interrogará al presidente Jamil Mahuad para que aclare su papel en torno a una presunta malversación de fondos durante su campaña electoral de 1998.
El juez Alfredo Grijalba dijo que la diligencia se realizará el jueves 11 en el Palacio de Gobierno y explicó que la acción no significa el inicio de un juicio o procesamiento de Mahuad, quien ha calificado la denuncia como un "tema manoseado".
El interrogatorio ocurrirá luego de que la semana pasada una jueza formalizó la inclusión de Mahuad en un juicio penal, a fin de que declare lo que sabe sobre la presunta apropiación.
El juicio comenzó hace dos semanas por iniciativa del ex banquero Fernando Aspiazu, detenido por supuesto fraude en un banco privado y quien acusó a Mahuad y varios de sus colaboradores de apropiarse de 3,1 millones de dólares que él aportó a su campaña.
Según Grijalba, el presidente deberá responder a 17 preguntas que Aspiazu interpuso ante las cortes ecuatorianas para que el jefe de Estado responda sobre el destino de los fondos.
Expertos legales, que ven la denuncia como un afán de oportunismo político, señalan que Mahuad está en libertad de responder o no el cuestionario.
"Es una especie de acorralamiento político. Se pretende establecer niveles de manipulación antes que de orden jurídico que están fuera de todo principio ético", dijo el abogado Rodrigo Buchelli al analizar los móviles del ex banquero.
Quito emprendió el jueves una ofensiva diplomática para evitar una mala repercusión externa de la denuncia, al explicar la situación a un nutrido grupo de diplomáticos y funcionarios internacionales.
El miércoles, Mahuad se defendió en un sorpresivo mensaje televisado al país y sostuvo que su gobierno documentará que cada centavo de los 3,1 millones fue gastado en la campaña electoral.
Según Mahuad, quien asumió en agosto de 1998, Aspiazu se equivocó al pensar que la contribución a su campaña le daría "inmunidad o impunidad" frente a los supuestos malos manejos en el Banco del Progreso.
Aspiazu está bajo custodia preventiva desde julio en Quito, por su papel en la quiebra del Banco del Progreso en donde, según estimaciones periodísticas, no pudo responder del paradero de unos 700 millones de dólares de fondos de sus 720.000 ahorristas. }
