Jones entrenó ayer en el gimnasio Jesús "Master" Gómez de Barraza, donde salió en 208 libras.
"Debería estar algo más bajo, sin embargo esto no me preocupa, ya que haré el peso sin problemas", aseguró "El Felino", quien confía en vencer a Steve Cunningham por el título crucero FIB.
En fechas recientes se han empezado a escuchar voces preocupadas por un tema al que, sin duda, el país, desde hace tiempo, ha debido dedicarle atención y estudio. Me refiero a la cuestión del destino que debe dársele a la renta canalera, es decir, cómo y en qué invertir los ingresos que el Canal le reporta al Estado. No es menester decir que se trata de un problema eminentemente ideológico, que dice relación con la añeja cuestión de cuáles son los fines del Estado y que, por lo mismo, ha de generar controversias y polémicas de profundo alcance.
Con el propósito ostensible de evitar que sea el Estado el que decida, por vía del presupuesto, a qué fines aplicar los recursos que le aporta el Canal, voceros del neoliberalismo han articulado ya una posición al respecto: la renta canalera debe distribuirse en concepto de dividendos entre todos los panameños mayores de edad. Esta idea, huelga recalcarlo, es congruente con la tesis fundamental de la referida corriente ideológica, según la cual, para que el sistema económico capitalista y el mercado funcionen, es menester reducir el Estado a su mínima expresión y, por tanto, desmantelar todo el aparato del llamado Estado de Bienestar.
Es evidente que a esta propuesta le saldrán contradictores desde otros ámbitos del espectro ideológico, contradictores que, por no concordar con las tesis neoliberales, no pueden estar de acuerdo con el mencionado dividendo. El debate está apenas en pañales y, en mi criterio, no es lógico pensar que asunto de tanta envergadura se pueda dirimir, con seriedad y acierto, antes del referendum.
Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que no debe autorizarse la ampliación del Canal mientras no se logre perfeccionar un gran acuerdo nacional acerca del destino de la renta canalera.
No sé si esta tesis es una forma críptica de oponerse a la construcción del tercer juego de esclusas o si, en verdad, accede a un interés genuino de definir cuanto antes la aplicación que debe dárseles a los proventos que genera la explotación de la vía interocéanica.
Sea de ello lo que fuere, me parece que, a estas alturas, el orden viable de precedencia entre una decisión y la otra es el siguiente: definir, primero, si se amplía o no el Canal y, luego, decidir qué se hace con los recursos que el mismo genera.
Es la circunstancia cierta y ponderosa de que la capacidad del Canal esté próxima a saturarse la que nos fuerza a tomar la decisión de ampliar o no su infraestructura. A mayor abundamiento, esta decisión debe tomarse, por ministerio de la Constitución, en un referendum cuyo único objeto es el de que la ciudadanía se pronuncie al respecto. No es, entonces, prudente convertir el referendum en instancia idónea para zanjar el diferendo ideológico que de seguro se suscitará respecto del uso que debe dársele a la renta canalera. Esta cuestión, pese a su innegable importancia, no incide sobre los méritos o los deméritos de la ampliación del Canal y es, por ende, ajena al objeto del referendum. Dadas las naturales sinrazones de la pasión política, no se me escapa que predico en el desierto cuando planteo que el voto en el referendum relativo a la construcción del tercer juego de esclusas se debe emitir tomando en cuenta, únicamente, las consideraciones que, en opinión del votante, aconsejen o desaconsejen la realización de dicha obra.
Aunque sé de sobra que contra el desideratum que dejo apuntado milita la realidad de la naturaleza humana, me aventuro a señalar, así sea para arar en el mar, que desperdiciará su voto quien, aún estimando que la ampliación del Canal es conveniente, se oponga a ésta a título de protestar, por ejemplo, contra el gobierno o contra el alto costo de la vida o contra la falta de empleos o contra el estado de los hospitales y de las vías públicas o contra la ley del Seguro Social o contra cualquier otra cosa de similar índole. Al día siguiente del referendum esas cosas amanecerán y seguirán como estaban en la víspera y, por consiguiente, el sufragio así emitido nada habrá significado.
Lo mismo se puede decir del sufragio emitido en función de lo que el votante estima que el mismo significará de cara al próximo torneo electoral. Se trataría de otro voto desperdiciado, producto de un análisis prematuro y muy superficial de cuál será la situación política del país de aquí a tres años. Ni el voto a favor ni el voto en contra de la ampliación determinarán, de suyo, el resultado de las próximas elecciones. Como lo sabe cualquier persona medianamente versada en achaques políticos, hay infinidad de factores que afectarán dicho resultado y que no menciono aquí por no caer en una grosera digresión. Casi que huelga apuntar que la ACP habría incurrido en un imperdonable incumplimiento de sus deberes institucionales si no le hubiera advertido al país que, a la vuelta de pocos años, el Canal se quedará sin capacidad para atender el creciente tráfico de las naves que, de poder hacerlo, se valdrían del mismo para llegar a su puerto de destino.
Sin embargo, esa advertencia, por si sola, no habría sido suficiente. Por razones obvias, también se hacía necesario que la ACP le propusiera al país la solución que, en su criterio, resulta más idónea para resolver el referido problema de congestionamiento del tránsito canalero.
La recomendación de construir el tercer jugo de esclusas a que se refiere el plan de ampliación, lejos de ser, como lo insinúan algunos, un ejercicio arbitrista de escaso vuelo y de propósitos incluso aviesos, dimana de un cúmulo de estudios muy serios realizados por profesionales altamente calificados de la ACP y por los mejores consultores extranjeros especializados en los temas a que se contraen los referidos estudios.
Como todos sabemos, no existe en la experiencia humana ningún proyecto, grande o pequeño, que no entrañe riesgos de diversa naturaleza y magnitud. De allí que la ACP haya puesto especial cuidado en calibrar las distintas contingencias que pueden afectar el empeño de llevar a feliz término la construcción del tercer juego de esclusas. Los análisis que al efecto se han realizado indican que los riesgos del proyecto son manejables, como quedó explicado párrafos atrás en materia, por ejemplo, del pago de la obra y el de las transferencias al Estado de los ingresos que genera el Canal.
Por lo demás, no vaya a pensarse que esté exenta de riesgos la opción de permitir que la capacidad del Canal se sature a corto plazo. En este caso, al perjuicio correspondiente al lucro cesante, es decir, a los ingresos que dejaríamos de percibir por no haber ampliado el Canal, se sumaría el daño ínsito en la pérdida de clientes que el Canal experimentará, como resultado inexorable de su insuficiente capacidad, al deteriorarse la calidad y la confiabilidad del servicio que aquéllos exigen y esperan de éste.
Tras una lucha dura y admirable, cuyos primeros pasos se dieron en las peripecias aurorales de la República, la Nación panameña conquistó el derecho de administrar el Canal por cuenta y en interés propios. Para sorpresa de agoreros y derrotistas, los panameños hemos dado pruebas sobradas de que nos hemos colocado a la altura del reto que nos impuso el destino.
Hoy nos toca decidir si acometemos o no la tarea de elevar el Canal a un estadio de desarrollo superior, para beneficio de esta y de las futuras generaciones.
