El juez Baltasar Garzón agregó once nuevos casos de tortura a su pedido de extradición del ex presidente chileno Augusto Pinochet, dijeron ayer versiones de prensa.
Todos los casos supuestamente ocurrieron después de septiembre de 1988, la fecha en que Gran Bretaña adoptó una convención internacional sobre la tortura, informó la agencia noticiosa privada Europa Press.
Es la tercera vez que el juez extiende su pedido de extradición desde que un dictamen del 24 de marzo del tribunal máximo de Gran Bretaña restringió los cargos que se pueden presentar contra Pinochet a los posteriores a la fecha de adopción del documento.
El general Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre en base a un pedido de arresto de Garzón, quien busca que aquél sea juzgado en España por abusos a los derechos humanos cometidos durante su régimen de 1973 a 1990.
Pero la decisión del 24 de marzo de un tribunal de la Cámara de los Lores inhabilitó la mayoría de las evidencias contenidas en el pedido de extradición del juez español, ya que versaban principalmente sobre hechos del comienzo de la dictadura.
Los once casos nuevos elevan a 48 el número total de casos de tortura posteriores a 1988: ocho del pedido original y otros 40 agregados tras el dictamen de la justicia británica.
A la luz de ese dictamen, el ministro del interior británico, Jack Straw, debe anunciar el 15 de abril si todavía quedan evidencias suficientes para que continúe el proceso del pedido de extradición o si Pinochet puede ser autorizado a volver a su país.
Garzón también argumentó que los 1198 casos de desapariciones mencionados en el pedido de extradición también son válidos, pese al hecho de que las víctimas fueron capturadas en su mayoría antes de 1988. Sostiene que los desaparecidos durante el régimen han sido víctimas de torturas y que como se desconoce su paradero los casos siguen vigentes.
El Gobierno chileno informó hoy de que no pedirá al Reino Unido la extradición del senador Augusto Pinochet, detenido en Londres desde el 16 de octubre, ya que ésta tiene sentido cuando la persona involucrada no quiere presentarse ante la justicia.
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, explicó a la prensa el contenido de la nota formal que su gobierno envió el pasado martes al ministro del Interior británico, Jack Straw, quién deberá decidir sobre el futuro del ex presidente chileno.
Straw deberá definir el próximo 15 de abril si mantiene su decisión de diciembre último, cuando dio vía libre a la extradición de Pinochet a España.
"En la nota argumentamos que ya no es necesario para hacer valer la posibilidad del gobierno de Chile, el formular ninguna solicitud de extradición porque ésta opera cuando la persona no quiere presentarse y que nosotros sepamos, el general Pinochet no ha puesto ningún obstáculo para ser devuelto a Chile y difícilmente podría ponerlo", subrayó Insulza.
La posibilidad de la extradición de Pinochet a Chile se había barajado como uno de los últimos recursos para conseguir el retorno del senador vitalicio, para lo cual, previamente los tribunales chilenos tendrían que desaforarlo y someterlo a proceso.
Pinochet -que afronta 19 querellas criminales en su contra en Chile- fue detenido a petición del juez español, Baltasar Garzón, que ha pedido su extradición bajo los cargos de genocidio, torturas y terrorismo.
El canciller también informó de que la nota enviada a Straw fundamenta con casos concretos la competencia que tienen los tribunales chilenos para juzgar al general retirado.
Insulza dijo que el documento, remitido por la embajada chilena en Londres al ministerio de Asuntos Exteriores británico, "alude a casos en que la justicia chilena ha intervenido en materia de derechos humanos" aunque declinó contradecirlos.
Interrogado sobre la reapertura del proceso por el asesinato del dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982, el ministro dijo que "no cabe duda que estos antecedentes refuerzan nuestra posición, en el sentido de que en Chile es posible hacer justicia".
Admitió que en el país existe una gran deuda en materia de verdad y justicia, pero dijo no compartir "la argumentación de que esa deuda se puede cubrir con un juicio en España".
El ministro explicó que la nota incluye una argumentación breve sobre la competencia de Straw para decidir quién puede investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile.
La capacidad de hacer justicia en Chile fue el principal argumento de la presentación escrita que se entregó en Londres para convencer a Straw de que no de curso a la extradición del senador vitalicio.
"Nuestra argumentación fundamental es que la justicia estaría mucho mejor servida si el general Pinochet puede enfrentar en su país los cargos que se le puedan formular", indicó.
Añadió que "precisamente es factor del fortalecimiento del proceso democrático el que Chile pueda hacer las cuentas con su propio pasado sin ayuda externa y reiteramos la fortaleza de la democracia chilena para enfrentar este tipo de dificultades".
Insulza señaló que la posición del Gobierno se hubiera reforzado con la participación del Consejo de Defensa del Estado en las querellas contra Pinochet y aseguró que al decisión que tome el organismo contará siempre con el pleno respaldo del gobierno.
