El juez que investiga la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador, Croacia y Bosnia, proceso en el que figuran como sospechosos varios funcionarios del gobierno, declaró no estar dispuesto a profundizar en las pesquisas como le exigió un tribunal federal.
El juez Jorge Urso dijo que la Cámara Federal, tribunal del cual depende, "no tiene facultades" para ordenarle que investigue la responsabilidad del general Martín Balza y de los ministros de Trabajo, Erman González, y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella.
El magistrado hizo estas declaraciones, que anuncian un conflicto en los tribunales federales de Buenos Aires, al diario Clarín que las reprodujo en un extenso artículo sobre uno de los escándalos más sonados que afecta al gobierno de Carlos Menem.
"El juez investigador es el soberano de la causa y no voy apartarme un centímetro de la ley", precisó el juez en respuesta a la orden de la Cámara Federal de dirigir las pesquisas para establecer si Balza y los ministros González y Di Tella formaron una "asociación ilícita" para la venta ilegal de armas.
La resolución del tribunal, dada a conocer el miércoles pasado, causó malestar en el gobierno y fue el presidente Menem quien, desde La Rioja, su provincia natal, declaró al día siguiente que tanto el jefe del Ejército y como los dos ministros "tienen mi más absoluto respaldo".
El juez Urso investiga desde hace dos años si funcionarios del gobierno autorizaron ventas ilegales de armas fabricadas en Argentina que fueron destinadas, a través de empresas intermediarias, a Ecuador, Bosnia y Croacia cuando esos países estaban inmersos en guerras o convulsiones internas.
El fiscal del expediente, Carlos Stornelli, había pedido en octubre del año pasado que se acusara al general Balza de pertenecer a una "asociación ilícita", al ministro Gozález, quien había ocupado la cartera de Defensa, de falsificación de documentos públicos, y al canciller Di Tella por ocultamiento de pruebas.
Cuando se conocieron esas acusaciones el presidente Menem criticó con particular dureza a Stornelli e intentó que fuera separado de las investigaciones, pero el fiscal logró capear la tormenta y continuó con las pesquisas con el apoyo de los tres jueces que integran la Cámara Federal.
El diario Clarín citó a fuentes gubernamentales para anticipar que en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, se prepara una "respuesta dura y definitiva" para frenar las investigaciones del fiscal y poder llevar el expediente a estudio de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
Según el matutino, la Corte Suprema, cuestionada porque cinco de sus nueve jueces reconocen tener afinidad con el gobierno, podría declarar el caso una "cuestión de Estado que involucra a terceros países" y, por lo tanto, no estaría sujeto a revisión de la Justicia.
