Un juez especial que investiga en Chile más de medio centenar de querellas presentadas contra el general Augusto Pinochet resolvió enviar nuevamente a Londres un interrogatorio escrito que el ex gobernante se negó a responder hace dos meses, informaron ayer fuentes judiciales.
El cuestionario, de 80 preguntas, ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia de Chile, que debe tramitar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores su envío a Londres, donde Pinochet está detenido desde octubre de 1998, a petición del juez Baltasar Garzón, que además solicitó su extradición a España.
Las preguntas se refieren a los crímenes cometidos por la llamada "Caravana de la Muerte", un grupo militar que en octubre de 1973 recorrió varias ciudades de Chile, en las que sus miembros asesinaron a 72 prisioneros políticos.
La comitiva estaba al mando del general Sergio Arellano Stark, que formalmente actuaba como "delegado personal" del comandante en jefe del Ejército, es decir Pinochet, con la misión de agilizar los consejos de guerra instalados contra simpatizantes del gobierno de Salvador Allende, derrocado un mes antes por los militares.
Arellano Stark y varios otros oficiales que integraron la fatídica caravana fueron procesados por el juez especial Juan Guzmán Tapia, que desde febrero de 1998 ha recibido 53 querellas presentadas contra Pinochet por familiares de víctimas, gremios, organizaciones humanitarias y partidos políticos, de las que 51 están siendo investigadas.
El pasado octubre, cuando el magistrado Guzmán envió por primera vez el cuestionario a Pinochet, éste respondió con una carta en la que explicaba que mientras se mantenga su actual situación de detenido, no estará en condiciones de responder a ningún requerimiento de la justicia chilena.
En esa oportunidad, el juez Guzmán dijo que por el momento no insistiría con el interrogatorio a Pinochet, pero esta semana recibió una solicitud en contrario del abogado Francisco Bravo, patrocinador de una de las querellas, y tras estudiarla, resolvió reiterar el exhorto.
Del resultado del interrogatorio, según las fuentes, depende que el magistrado solicite el desafuero de Pinochet protegido por su condición de senador, como un paso previo a su eventual procesamiento.
Según los abogados querellantes, el juez Guzmán ha reunido antecedentes que bastan para solicitar el desafuero de Pinochet y procesarlo, tras lo cual la justicia chilena estaría en condiciones de pedir su extradición al Reino Unido, petición que de acuerdo a las normas del Derecho Internacional, tendría prioridad sobre la formulada por el juez Baltasar Garzón.
Sobre esta última, como se sabe, un juez británico se pronunció favorablemente, en primera instancia, el pasado 8 de octubre y la apelación de este fallo, por la defensa de Pinochet, será vista el próximo marzo por una alta corte londinense.
