Al anular el lunes pasado la privatización de las ondas radioeléctricas, manejadas desde 1997 por la empresa francesa Thales Spectrum (antes Thomson-CSF), el presidente de Argentina Néstor Kirchner entabló un nuevo forcejeo con los inversionistas extranjeros que participaron en la oleada de privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
El gobierno de Kirchner (peronista, al igual que el de Menem) acusa a la empresa francesa de no haber respetado sus obligaciones. Este martes, el ministro de justicia Gustavo Beliz fue aun más lejos: calificó de "escandalosa" esta privatización y acuso a Thales Spectrum de haber utilizado su presencia en la Argentina para desviar fondos hacia paraísos fiscales y empresas fantasmas. Las autoridades argentinas calculan en por lo menos 103 millones de dólares los desvíos de fondos, suma que correspondería a las inversiones que se comprometió a realizar la empresa a fin de mejorar la red radioeléctrica. Por lo demás, la oficina anticorrupción del gobierno ha iniciado una averiguación sobre la posibilidad de que se hayan pagado sobornos a los funcionarios del gobierno de Menem con motivo de la adjudicación.
En París, el grupo de electrónica Thales reaccionó el miércoles. "Desmentimos las acusaciones de desvío de fondos y de corrupción, que no son fundadas", declaró un vocero de la empresa, agregando que Thales "había cumplido sus obligaciones estipuladas en el contrato". "Desde hace dos años, no somos mayoritarios en esa empresa Thales Spectrum", señaló, precisando que la participación de capital es del 49 por ciento.
El vocero del ministerio francés de relaciones exteriores, Hervé Ladsous, declaró el martes que el gobierno francés "seguía con mucha atención" las medidas tomadas por las autoridades argentinas. En el marco de su gira por América del Sur, el ministro francés de relaciones exteriores, Dominique de Villepin, llegará la próxima semana a Buenos Aires, donde deberá reunirse con el presidente Kirchner. El caso Thales "seguramente será uno de los temas" abordados por Villepin, precisó Hervé Ladsous.
Atribuida mediante un decreto del presidente Menem, en un procedimiento que en su época fue rebatido por los diputados, la privatización en cuestión otorgó a Thales Spectrum por quince años la gestión y el control del total de las ondas utilizadas por la radio, la televisión, los operadores privados de telefonía móvil y los servicios de seguridad.
El presidente Kirchner firmó el decreto que anula esta privatización antes de partir rumbo a España, donde efectúa una visita de cuatro días con el fin de reanudar buenas relaciones con el principal inversionista extranjero en Argentina. Con motivo de su visita anterior a Madrid, en julio pasado, Kirchner tuvo duros enfrentamientos con los representantes de las empresas españolas instaladas en su país.
Desde su llegada al poder, en mayo, Kirchner lanzó una gran ofensiva contra la corrupción, dirigida en especial al gobierno menemista. Durante sus diez años, éste fue sacudido en varias ocasiones por los escándalos de corrupción.
Kirchner también ha tenido varios enfrentamientos con las empresas, en su mayoría de capital francés y español, a las que Menem otorgó compañías y servicios públicos. La semana pasada, criticó sin nombrarla a una empresa de capital francés, Aguas Argentinas, filial del grupo Suez que surte a Buenos Aires de agua potable. "Por desgracia, el agua fue privatizada. Ya es tiempo de que, quienes se aprovecharon de la privatización, se den cuenta de que, con nosotros, no habrá impunidad. Si quieren explotar el agua, que inviertan; si no, vamos a hablar de otro modo", advirtió el presidente.
Desde hace meses, los grupos extranjeros que controlan los servicios públicos privatizados han exigido sin éxito aumento de tarifas, para compensar las pérdidas atribuidas al abandono de la paridad fija entre el dólar estadounidense y el peso argentino, que se ha devaluado. El gobierno de Buenos Aires considera que, para que se autorice el alza, las empresas deben invertir y someter su contrato a análisis. Pero el alza de tarifas sería muy impopular en un país en el que la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza desde el hundimiento de su economía, en diciembre de 2001.
El peor escenario para él o sus hombres según dijo a la BBC una fuente muy vinculada a los servicios de inteligencia, sería que la investigación bi-partidista se preguntara si la administración Bush ejerció o no una influencia indebida sobre los analistas.
A pesar de la negación del gobierno, de David Kay y del mismo Tenet, este interrogante aún no ha sido resuelto y no parece que vaya a desaparecer muy fácilmente.
Figuras clave de la administración Bush incluyendo el vicesecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, Doug Feith, y el vicepresidente Dick Cheney son todos vulnerables.
Algunos de los más extrovertidos neo-conservadores en el gobierno ha mantenido recientemente un perfil muy bajo. "Es parte de una estrategia de preservación", dijo nuestra fuente.
Pero también puede ocurrir que, si el debate prospera, uno de los pilares de la política exterior de Bush, la acción preventiva, sea minado. Esta clase de política requiere un alto nivel de dependencia de la información de inteligencia.
Esto es así porque la acción preventiva obedece a cosas que podrían ocurrir en el futuro, más que a cosas que han ocurrido. George Tenet apareció este jueves diciendo que la inteligencia es un negocio muy impreciso. Uno nunca está completamente equivocado, nunca completamente en lo cierto.
Los críticos de lo preventivo utilizarán sus palabras para cuestionar la sabiduría de basar decisiones estratégicas en una ciencia tan inexacta.
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