La Justicia amenazada

Para Panamá América
"Mi intención fue enfrentarlo y conversar con él las veces que fuera necesario, con el fin de convencerlo de que yo sólo estaba haciendo mi trabajo y que aceptara que él había cometido el delito imputado, por lo que debía pagar la pena impuesta, pero sobre todo, que nada ganaba con cometer otro delito más grave, aunque él aseguró que lo hará en tal forma que nadie podrá imaginar que él fue quien lo hizo".
Así se expresó una funcionaria del Órgano Judicial, víctima de amenazas de muerte por parte de un recluso. Este es sólo uno de los casos de amenazas que reciben constantemente los miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público, por realizar su trabajo.
Por el momento, la medida asumida por las autoridades del Sistema Penitenciario para este caso en particular, fue trasladar al detenido a una cárcel de máxima seguridad, al tiempo que se le daba aviso al Departamento de Seguridad del Órgano Judicial, para que estableciera las medidas que se podían tomar una vez que el recluso cumpla la pena impuesta por las autoridades.
El problema de las amenazas a abogados, magistrados, jueces y fiscales es una realidad que se da en muchos países de Latinoamérica. Aunque resulte difícil de creer, en Panamá, en los últimos años ha cobrado fuerzas y hasta vidas.
Las amenazas más comunes están relacionadas con la destitución del cargo y las de muerte, originadas en personas inconformes con procesos seguidos en delitos de homicidio, drogas y familia.
Esta situación no solo perjudica a las personas que reciben amenazas, sino también a todo el sistema de justicia del país, pues los funcionarios responsables de administrar justicia se pueden sentir presionados al momento de tomar alguna decisión o acción, por temor a alguna represalia de parte de los afectados por los fallos. Esto a su vez afecta a toda la sociedad, ya que pueden existir delitos que quedan impunes ante el temor de los funcionarios de poner en riesgo su vida, o la de sus familiares.
Según el periódico El Clarín de Argentina, el Fiscal Federal de La Rioja, Horacio Salman denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de personas que desde el anonimato lo intimaron a que abandone las investigaciones que lleva adelante en torno a la dudosa muerte del obispo Enrique Angelelli y otras causas por violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura. Tres meses después, se recibieron denuncias de amenazas contra el Juez Federal Reinaldo Rodríguez y la Fiscal Federal de Santa Fe, Griselda Tessio, quienes desde el año 2002 investigan delitos cometidos por la dictadura en Santa Fe y zonas de influencia. Los autores de las amenazas son un grupo importante de argentinos quienes afirman que "la verdadera justicia llegará" y que "la farsa llegará a su fin en cualquier momento".
El caso fatal del colombiano Carlos Mauro Hoyos es probablemente unos de los más sonados. Él en su papel de Procurador General de La Nación fue secuestrado y asesinado el 25 de Enero de 1988 por el narcotráfico de la ultraderecha paramilitar. Hoyos era una de las figuras más respetables de la política colombiana y su actitud incorruptible frente al crimen le costó la vida y la de sus dos escoltas. El crimen se le atribuyó al grupo de los Extraditables del denominado Cartel de Medellín.
En Junio del 2006, la Fundación Colombiana "Fundación Myrna Mack (FMM)" analizó la posibilidad de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para varios jueces y magistrados que han sido intimidados. Según declaraciones de Aida Ibarra de la (FMM) a medios colombianos, no sólo se conoce de amenazas contra jueces y magistrados, sino también contra secretarios, oficiales y demás operadores de la justicia colombiana de todo el país, pues los casos no se dan solo en la capital, en el interior del país, también ocurren en el interior de Colombia, señaló.
En Panamá, un Fiscal Superior, cuyo nombre no será revelado por cuestiones de seguridad, nos confesó que ha recibido amenazas en los diferentes cargos ocupados dentro del sistema judicial. Según dijo " Las amenazas son una forma de intimidación para influir en la toma de decisiones, pero en modo alguno creo que lleguen a materializarse. Aún así, he tomado medidas de protección, no solo para mi, sino para mis hijos". Este funcionario del Ministerio Público nos advierte que las amenazas que ha recibido han sido por casos de drogas, casos de tumbadores, de corruptores de menores y de homicidio.
Otro caso que ha conmocionado a todo Panamá es el reciente fallecimiento del jefe antiterrorista y antidrogas de la Policía Técnica Judicial (PTJ) Franklin Brewster, quien supuestamente fue envenenado en pleno ejercicio de sus funciones, luego de realizar una investigación sobre la posible infiltración de las fuerzas antidrogas por parte del narcotráfico. Algo positivo frente a tanta incertidumbre es que las autoridades del Ministerio Público están realizando las investigaciones cuidadosamente y el Fiscal, Luis Martínez comunicó a los medios de comunicación que se presume que personas que lideran organizaciones criminales en el extranjero habrían pagado 50 mil dólares por el crimen. Además, se han formulado cargos contra tres funcionarios de la PTJ y se seguirán realizando las investigaciones hasta dar con la persona o personas responsables.
Las preguntas que muchos se formulan son ¿Qué medidas toman las autoridades frente a un problema de esta magnitud? ¿Existe seguridad para los funcionarios de justicia del país?
En el capítulo VI del Código Penal de Panamá, relacionado con los delitos contra la autoridad pública, está claramente establecido en el artículo 344 que: "El que con violencia o amenazas impida, obstaculice o le imponga a un servidor de la autoridad o a la persona que le presta asistencia a requerimientos de éste, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de seis meses a un año. Agrega que la sanción se agravará de una tercera parte a la mitad: 1.)Si el hecho se comete con armas; 2) Si hubiese perpetrado por varias personas concertadas para resistir a la autoridad .Si la resistencia tiene por objeto impedir la prisión del autor de ella o de un pariente cercano, las sanciones se reducirán en una tercera parte."
Sin embargo en uno de los casos que investigamos, una juez fue agredida con un arma blanca y el autor de este hecho estuvo detenido solo dos días por considerarse éste, un delito menor.
Comunicación Social de la USMA