La asamblea general extraordinaria de cancilleres de la OEA se reúne desde hoy en Lima y por 48 horas, para aprobar la Carta Democrática, un mecanismo para imponer definitivamente la democracia en el continente y cerrar el camino a los gobiernos anti constitucionales.
La cita, a la que asistirá el Secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, en el que será su primer viaje en funciones a Sudamérica, se hará en el simbólico escenario del Perú post fujimorista que significó, según analistas, un estilo propio de violentar la democracia a partir del autogolpe de 1992 del hoy destituido mandatario.
La Carta Democrática fue un mandato de la III Cumbre de las Américas de Quebec, Canadá, de abril y que no pudo ser considerada por la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio pasado, en Costa Rica, ante observaciones de algunos países. El borrador del documento fue aprobado la semana pasada por el Consejo Permanente de la OEA, producto de una negociación entre los 34 gobiernos activos en la OEA.
El elemento esencial de la carta es imponer definitivamente la democracia en el continente mediante la suspensión a todo gobierno que llegue al poder por vías inconstitucionales, concepto que repite la propuesta inicial de los presidentes en la Cumbre de Quebec.
Diego García Sayán, canciller anfitrión, recordó que la Carta fue propuesta por el reciente Gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua, porque su contenido "está estrechamente vinculado a la experiencia peruana desde que la quiebra constitucional de Alberto Fujimori en 1992 no encontró en la organización un principio para reaccionar ante lo que fue un golpe de Estado no clásico". Entendidos no descartan que los cancilleres introduzcan algunas modificaciones o afinamientos al texto final de la carta, pero sin contradecir el consenso de reafirmar que la democracia es el único sistema político aceptable para ser miembro de la OEA y demás órganos del sistema interamericano, incluyendo el mecanismo de las cumbres hemisféricas.
Se ha previsto que los mecanismos de la carta se accionarán cuando agentes internos pongan en peligro la estabilidad democrática de un país, se produzca injerencia indebida del poder castrense en la vida constitucional, se den situaciones que afecten la constitucionalidad y si ocurriese un golpe de Estado.
