El presidente chileno, Ricardo Lagos, expresó ayer la esperanza de un pronto esclarecimiento del asesinato del ex jefe del Ejército nacional, general Carlos Prats, que murió en el exilio en Argentina en un atentado atribuído a agentes del ex dictador Augusto Pinochet (1973-90).
"Yo espero por el bien de Chile que el asesinato de un comandante en jefe del Ejército pueda ser dilucidado", dijo Lagos en una breve rueda de prensa, tras difundirse en la prensa en Santiago la confesión autoinculpatoria del ejecutor material del crimen, el norteamericano Michael Townley.
El testimonio de Townley, que vive en Estados Unidos bajo protección federal, fue recogido hace un año por la jueza argentina de la causa, María Servini de Cubría, pero sólo esta semana, tras la traducción del texto desde el inglés, quedó incorporado al expediente, informaron hoy periódicos de Santiago.
Townley dijo haber colocado y activado la bomba que mató a Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de setiembre de 1974 en una calle de Buenos Aires, tras recibir ordenes de sus jefes en la DINA, la policía secreta creada por Pinochet tras su cruenta instalación en el poder el 11 de setiembre de 1973.
Prats había dejado el mando del Ejército un mes antes del golpe que derrocó al socialista Salvador Allende y, pocas semanas después de la caída del gobierno, su detención domiciliaria fue cambiada por el exilio en Argentina, por decisión de su sucesor Pinochet.
Townley precisó a la jueza argentina que la orden de matar a Prats la dio el director de la DINA, Manuel Contreras, y que los preparativos del asesinado fueron dirigidos por los lugartenientes Jorge y Raúl Iturriaga, este último coronel del Ejército a la fecha.
Hasta ahora, además de Townley, la causa que lleva la magistrada Servini de sindica como imputados a los hermanos Iturriaga, al ex general José Zara, a Mariana Callejas, esposa del norteamericano, al general retirado Manuel Contreras, al brigadier Pedro Espinoza, ex jefe de operaciones de la Dina, y al propio Pinochet.
Según varias versiones escritas y judiciales de Contreras y Espinoza, publicadas en las años recientes, la DINA (más tarde rebautizada CNI) dependía única y directamente de Pinochet.
Townley, que residía en Chile desde joven, fue reclamado, extraditado y penalizado por la justicia de Estados Unidos en 1978, como implicado en el asesinato en Washington, en setiembre de 1976, del exiliado ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, mediante el empleo de una bomba adosada a un automóvil, el mismo método usado contra el matrimonio Prats.
Los dos dobles homicidios y un frustrado atentado a tiros en Roma contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, en octubre de 1975, fueron parte de una misma operación represora de la oposicion a Pinochet, según la documentación en los tres procesos.
El ahora retirado general Raúl Iturriaga y su jefe Manuel Contreras, fueron sentenciados en ausencia en 1996 a 18 y 20 años de prisión por el tribunal italiano que investigó el ataque a Leighton.
Contreras y su ayudante Pedro Espinoza cumplen actualmente condena en Chile como autores intelectuales del asesinato de Letelier y Moffitt.
El ex dictador Pinochet encaró ayer en su país 97 querellas por violaciones a los derechos humanos y en una de ellas, por el llamado caso de "La caravana de la muerte", está al borde de perder el fuero que hasta ahra lo ha protegido de comparecer a las cortes.
El juez Juan Guzmán, que investiga las denuncias, dijo que existen "sospechas fundadas" de una participación de Pinochet en las acciones de "la caravana", que fusiló sumariamente a 74 opositores a los gobernantes militares.
En el proceso por las muertes de Prats y su esposa, "será la magistrada argentina la que tendrá que resolver el valor de las declaraciones que recibió ayer" (de Townley), comentó Lagos.
"Pero creo que nos tiene que hacer meditar mucho: si esos hechos ocurrieron como lo dijo Townley y eso es lo que ocurrió en este país; si este tipo de situaciones pudieron producirse; y cómo hacemos para que eso no ocurra nunca más en Chile", agregó el mandatario en una reflexión sobre los delitos atribuídos al gobierno pinochetista.
