La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fustigó ayer la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba," tildándola de una "medida que cercena la libertad de prensa".
La organización con sede en Miami que agrupa a más de 1.300 publicaciones de las Américas- envió una carta al presidente Fidel Castro para hacer constar su indignación.
Algunas medidas de la ley están dirigidas contra el periodismo independiente; decenas de personas que envían crónicas por teléfono a medios estadounidenses o del exilio cubano, generalmente de contenido anticastrista.
"La Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta a la medida aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la que, de forma evidente, eleva a la categoría de ley la censura y la prohibición de informar" opinó la SIP en un comunicado.
"Esta situación es a todas luces una violación de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados".
Por otro lado, en París trascendió que La "ley mordaza" que acaba de instaurar el régimen comunista cubano contra la disidencia y los periodistas independientes provocó en esta capital fuertes reacciones en los medios defensores de los derechos humanos, que lanzaron un grito de alerta a los europeos.
La nueva ley prevé penas de hasta 20 años (inicialmente 30) contra los periodistas independientes que pretenden romper el monopolio informativo que ejerce el partido único desde hace 40 años en la isla, partido único que seguirá disfrutando del monopolio del poder, según anunció el propio Fidel Castro: "no habrá otros partidos, ni asociaciones", dijo el martes pasado en La Habana alabando la nueva legislación.
En París reaccionaron de inmediato la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), la Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF). RSF, organización internacional defensora de la libertad de prensa y de los periodistas, "pide a los gobiernos de los países que están reconsiderando actualmente sus relaciones con el gobierno cubano que tengan en cuenta esta degradación de la situación de la libertad de expresión", declara un comunicado.
RSF añade que pide "a las autoridades europeas que tomen en cuenta esta situación durante las negociaciones para una integración de Cuba al grupo de países ACP (Asia, Caribe, Pacífico), que se benefician de diferentes ayudas de Bruselas".
La organización explica el mecanismo de la nueva ley, que pretende condenar a los periodistas independientes que colaboren con órganos de prensa del extranjero que el régimen comunista califica de enemigos, con lo cual se prohibe cualquiera información que no provenga de los órganos del gobierno.
Esas disposiciones -explica Reporteros sin Fronteras - "entrarían principalmente el trabajo de las agencias de prensa independientes".
En efecto, recuerda RSF, "esos periodistas no pueden escribir en una publicación local (monopolio del Estado) y entonces intervienen en una radio de Miami y sus artículos son difundidos en diferentes sitios de Internet o publicados en diarios extranjeros y revistas de la disidencia publicadas en el extranjero, varias de las cuales circulan en Cuba".
Esas agencias independientes, precisa Reporteros sin Fronteras, "se han multiplicado en los últimos años y agrupan aproximadamente a unos 40 periodistas".
Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Patrick Baudoin, declaró a France-Presse que "la Federación deplora vivamente la inquietante vuelta atrás que representa el texto escandaloso adoptado por el Parlamento cubano".
"Este texto de amplia incriminación contra disidentes y periodistas independientes abre una vía real a la arbitrariedad y a los procesos de opinión en todos los sentidos", agregó, afirmando:
"Igualmente condenable aparece la posibilidad de pronunciar penas de increíble severidad con recurso a la pena de muerte para ciertos crímenes".
"El régimen cubano se saca la máscara. Más allá de la voluntad de apertura mostrada en estos últimos tiempos reaparece el rostro de una verdadera dictadura", exclamó Patrick Baudouin.
"Esta evolución es tanto más lamentable cuanto que amenaza con acarrear una marginalización internacional de Cuba, dañina para el pueblo cubano en el mismo momento en que la comunidad internacional aparecía dispuesta a sostener a este país", continuó.
La FIDH "invita a las autoridades cubanas a retirar inmediatamente estas disposiciones legislativas perversas", dijo Baudouin, precisando:
"En el marco del diálogo Cuba-Unión Europea, la FIDH pide a la Unión Europea que haga todo lo posible para convencer a Fidel Castro del carácter retrógrado y contra productivo de estas medidas".
Por su parte, Amnistía Internacional de Francia, hizo saber su "inquietud" a France-Presse por medio de su responsable de prensa, Sophie Lussier.
"Estamos inquietos pero no muy sorprendidos -dijo- en la medida en que ese país existe desde antes una legislación muy estricta contra la disidencia, que ahora se marca más aún contra la libertad de expresión".
Sophie Lussier señaló que Amnistía está reuniendo los antecedentes para dar a conocer más tarde una reacción más completa.
Por último, la Asociación Europea Cuba Libre denunció el "bloqueo de Fidel Castro contra su pueblo" a raíz de esta nueva legislación represiva.
"La "apertura" no fue más que una carnada ya que, aparte de ciertas medidas cosméticas, el gobierno cubano jamás ha evocado la posibilidad de restablecer las libertades fundamentales confiscadas desde hace 40 años y los discursos oficiales van en sentido contrario", declaró Laurent Muller, presidente de esta asociación defensora de los derechos humanos en la isla.
"La gravedad de la crisis en Cuba obliga al gobierno, como lo hemos predicho muchas veces, a reforzar la represión contra quienes desean obtener una transición pacífica hacia un Estado de Derecho así como las reformas indispensables para salvar al país de un cataclismo", concluyó el presidente de la Asociación Europea Cuba Libre.
