El presidente Ricardo Lagos instó a entregar datos para ubicar restos de detenidos-desaparecidos en el régimen del general Augusto Pinochet y desmintió que tenga un compromiso con la jefatura del ejército respecto al ex gobernante y a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Lagos dijo que en la última década ha habido avances en la relación cívico-militar, pero "sólo cuando se conozca la verdad estaremos en condiciones de avanzar...(para) cerrar heridas y mirar el futuro".
"Lo que no puedo aceptar es que en este país, después de 25 años, los que saben donde están (los detenidos-desaparecidos) no lo digan", advirtió en una entrevista anoche con la televisión estatal.
El mandatario respondió así, implícitamente, a las demandas de la oposición derechista y de los militares que buscan una salida política al problema de los derechos humanos y a un proceso de desafuero legislativo contra Pinochet, que debe decidirse esta semana.
"Diálogos ha habido en estos años y no ha aparecido mucha gente", recordó.
Aclaró que "no hay ningún compromiso" suyo con el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, respecto a Pinochet o a las decenas de militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
El gobernante fue tajante al aludir a la inexistencia de compromisos con el ejército, después que Izurieta declarara el viernes que confía en Lagos porque "sé que él nos va a colaborar en solucionar los problemas que le aquejan al ejército".
"El general Izurieta sabe perfectamente que este tema corresponde a los tribunales de justicia", añadió Lagos.
La oposición derechista y los militares han manifestado su molestia y preocupación por la situación judicial de Pinochet, que luego de ser despojado por la Corte de Apelaciones de su inmunidad como senador vitalicio, el caso pasó a manos de la Corte Suprema.
Versiones de prensa coinciden en vaticinar que el máximo tribunal ratificará la decisión de la Corte de Apelaciones.
Sin fuero, Pinochet podrá ser enjuiciado por el secuestro de 19 opositores en octubre de 1973 porque sus restos siguen desaparecidos hasta hoy (ayer).
Los abogados querellantes que alegaron en el proceso de desafuero de Pinochet lo responsabilizan porque fue él quien envió al norte del país a una comitiva castrense con la supuesta misión de agilizar juicios y que dejó un saldo de 56 prisioneros ejecutados y 19 desaparecidos.
