Panamá, 23 de mayo del 2010
Excelentísimo Señor
Ricardo Martinelli Berrocal.
Presidente de la Republica
E. S. M.
Señor Presidente:
Los que firmamos esta carta, ciudadanos, ciudadanas y residentes de la República de Panamá, en uso del Derecho constitucional de petición, reconocido en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, ante el profundo malestar, frustración y desasosiego que genera el incremento de los índices de criminalidad, sobre todo en aquellos delitos graves que registran un alto contenido de violencia, causando lamentables pérdidas en vidas humanas, en la integridad física y emocional, así como en el patrimonio de las víctimas, nos dirigimos a usted, con el propósito de solicitarle, que en su alta condición de mandatario y jefe del gobierno de la República de Panamá, potencie los esfuerzos del Estado en la lucha contra el crimen, responsabilidad que le confiere la Constitución Política en su artículo 17, todo, dentro del sistema democrático de gobierno y bajo el respeto de los Derechos Humanos, de las víctimas en particular.
En este sentido, la Cruzada Por La Paz ha emprendido una serie de reuniones y foros de opinión, con la participación de profesionales, gremios, dirigentes comunales, agrupaciones religiosas y representantes de los medios de comunicación social, con la finalidad de consultar ampliamente y presentar al Gobierno Nacional, nuestra contribución ciudadana a un problema complejo que golpea severamente a la Nación Panameña.
Dos son los principios rectores de nuestra propuesta:
1. Panamá debe adoptar una Política Criminológica fruto del consenso nacional, con el fin de que dicha Política adquiera la jerarquía de Política de Estado; y, 2. La lucha contra el crimen debe comprender la Prevención del Delito, la Represión Institucional y la Resocialización del Delincuente, todos, de forma institucionalizada.
No escapa a los Miembros de la Cruzada, que en nuestra sociedad se ha instaurado un sistema de impunidad, cuya génesis radica en diversos y complejos factores. Por ello, recomendamos emprender de manera frontal, una campaña de “cero tolerancia” al crimen y a la corrupción.
En este esfuerzo de carácter integral, la participación ciudadana es pieza esencial para frenar la violencia y la inseguridad que golpea a todos los estratos de nuestra Nación. Parte fundamental de nuestra Propuesta consiste en plantear con todo respeto al Señor Presidente, un amplio debate con todas las fuerzas vivas del País, los organismos de orden público y los operadores de Justicia, con miras a lograr un acuerdo nacional sobre el tema de la seguridad pública.
Por lo antes señalado, deseamos aportar las siguientes recomendaciones:
Primero: La adopción de una Política Criminológica cuyo propósito fundamental es promover que impere la justicia social de manera que se garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones. Al respecto se le adjunta la propuesta de política criminológica presentada a la Nación en octubre de 2004 y el Decreto Ejecutivo No 260 de 7 de junio de 2006 que adopta lineamientos generales para una Política Criminológica del Estado Panameño.
Segundo: Que el nuevo Ministerio de Seguridad Publica, dentro de sus facultades, tenga bajo su cargo el sistema penitenciario nacional, se convierta en el ente rector del desarrollo de las políticas de Seguridad Ciudadana y refuerce los controles migratorios para los países vecinos que puedan representar un riesgo para la seguridad de nuestra ciudadanía.
Tercero: Que se retomen los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, en particular en lo que respecta a los Derechos de las Víctimas del delito.
Cuarto: Que se desarrolle la ley sobre la Protección a las Víctimas del Delito No. 31 de 29 de mayo de 1998, con la reglamentación, planes y programas que deben implementar cada una de las instituciones estatales involucradas en el cumplimiento de cada uno de los derechos señalados en el artículo 2 de esta ley.
Quinto: Que se apruebe el Proyecto de Ley referente al porte, tenencia, importación y comercialización de armas de fuego y municiones que está en la Asamblea de Diputados desde la administración anterior.
Sexto: Adoptar una Política de Estado de Cero Tolerancia ante toda manifestación o forma de Violencia que ponga en peligro la Paz, la vida, la honra y bienes de todos y todas quienes habitan la República de Panamá, sin distinciones de sexo, clase social, credo, cultura o grupos étnicos. Para eso se debe de atender los recursos que necesitan los funcionarios encargados de investigar, juzgar y ejecutar las normas.
Séptimo: Que se aprueben los Proyectos de Ley que regulan las agencias de seguridad privada del país y la dirección de seguridad pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, que están en la Asamblea de Diputados desde la administración anterior.
Octavo: Elevar el nivel de vida, el equipamiento y la capacitación al pie de fuerza de la Fuerza Pública, paralelo a una campaña masiva de promoción a la carrera policial y de respeto a la institución. Todo esto con una reingeniería completa del sistema de recepción de denuncias ciudadanas.
Noveno: Reactivar el Programa de Vecinos Vigilantes y el Programa de Policía Comunitaria, con el propósito de vitalizar la participación ciudadana e integrar a los Agentes a las comunidades en las que presten servicios. Esta propuesta implica la adjudicación de un presupuesto sustancial para Vecinos Vigilantes, e implica la asignación de la forma más permanente posible, de los Agentes a los Barrios, Comunidades y Poblaciones que cubran su área de operaciones, minimizando los traslados.
Decimo: Hacer realidad de manera urgente la creación de la ciudad penitenciaria con los más altos estándares de seguridad y de garantía de los derechos humanos contando con la participación de las diferentes iglesias y fundaciones que cuentan con programas de resocialización exitosos.
Décimo Primero: Seguimiento y fiscalización de los resultados del ministerio público y nuestras instituciones de justicia en búsqueda de reducir los altos índices de impunidad existentes.
Décimo segundo: Revisión y discusión de la ley de Menores (Ley 40 ), buscando eliminar privilegios exagerados que apadrinan la delincuencia juvenil y que a la vez se garantice la resocialización de estos infractores, mediante la aplicación de las penas máximas existentes, paralelo a verdaderos programas efectivos llevados a cabo dentro de los centros de detención.
Décimo Tercero: Que se apoyen programas y proyectos de prevención primaria que contemple la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para esto es conveniente que se consideren experiencias existentes en el país como El Centro Cultural de la Niñez en el Chorrillo, Canchas e instalaciones deportivas. A su vez disponer de recursos para el desarrollo de proyectos como Centros juveniles de recreación, cultura y capacitación en los Distritos que registran altos índices de delincuencia y violencia.
Décimo Cuarto: Implementación de Programa de Seguridad Vial "No Más Corazones Azules Perdidos en la Vías", que abarque las escuelas primarias y secundarias mediante charlas que tendrán como objetivo, lograr que los niños, adolecentes conozcan las consecuencias de no respetar las normas que rigen el transito en Panamá, deberes y derechos de los peatones, usuarios, y conductores en general.
Esta Cruzada por la Paz, se compromete a participar de manera propositiva con el gobierno nacional y los órganos legislativo y judicial, para que los puntos antes señalados se realicen de manera pronta, con el interés de que las personas que habitan en Panamá gocemos de nuestros sagrados derechos a la paz, la seguridad y la libertad.
