El presidente paraguayo, Luis González Macchi, enfrentaba esta semana una creciente ola de protestas sociales de parte de campesinos, sindicalistas, funcionarios y habitantes de cinturones pobres de la capital.
Macchi admitió que el problema social "es una bomba de tiempo" y un gremio de empresarios expresó su preocupación por el incremento de las manifestaciones "agresivas y violentas".
El sector de la salud fue afectado ayer por una huelga de funcionarios del Ministerio.
Se juntaron a la protesta médicos, paramédicos y funcionarios del Hospital de Clínicas, un nosocomio universitario estatal, y el personal del Hospital Neurosiquiátrico que inclusive amenazó con liberar a los internados. Por otra parte, centenares de campesinos marcharon y cerraron por varias horas rutas nacionales en cuatro departamentos del país para exigir mejores condiciones de créditos y mayor asistencia en salud y educación. Representantes de los labriegos forzaron ayer acuerdos con representantes del gobierno, pero advirtieron que continuarán movilizandose "si no se cumplen los compromisos".
Paralelamente, unos 5.000 habitantes del barrio Bañado, uno de los cinturones pobres de Asunción, marcharon hasta el Congreso con su cura párroco, el sacerdote español Pedro Velazco, al frente.
Protestaron "contra la impunidad y el derroche de dinero estatal en salarios y gastos superfluos y en demanda de trabajo, salud, educación y dignidad".
Asimismo, desde el martes, operarios de Aeropuertos Civiles, iniciaron una huelga de 15 días para presionar al Congreso a incluir sus reivindicaciones salariales en el presupuesto del próximo año.
El presidente González Macchi admitió en declaraciones a los periodistas acreditados en el Palacio de Gobierno que el problema social "es una bomba de tiempo" y que su Administración realiza ingentes esfuerzos en la búsqueda de soluciones.
Néstor Méndez, titular de la influyente Federación para la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), expresó la preocupación de su gremio por el incremento de las manifestaciones "agresivas y violentas" de los sectores sociales y en especial del denominado Frente Sindical (de funcionarios) que se opone a las privatizaciones.
Agregó que este Frente "parece que busca un estallido social en el país" al tiempo que reivindicó el diálogo entre todos los sectores involucrados en la economía del país a través de la Comisión Tripartita de Diálogo Social. El empresario reivindicó una urgente reforma del Estado, dilatada por el Gobierno a raíz de las advertencias de los funcionarios, unos 200.000 en todo el país.
En ese sentido, el diputado (ministro de Agricultura hasta setiembre pasado) Luis Wagner del Partido Liberal (segunda fuerza) alertó que el Estado podría entrar en cesación de pagos si continúa adjudicando aumentos salariales a los funcionarios.
Al respecto, el ministro de Hacienda (Finanzas) Federico Zayas admitió que Paraguay tiene problemas para pagar en noviembre la amortización de un rubro de su deuda externa por valor de 2.000.000 de dólares.
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